Cada año, día y momento que pasan en este gobierno, se vuelven tiempos de retroceso histórico en materia laboral en México. El gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la presidencia de Enrique Peña Nieto han lanzado una ofensiva contra cualquier derecho laboral en el país. Basta mencionar la Reforma Laboral que ha ocasionado mayor pobreza, desempleo real (ante cifras oficiales parciales), subempleo y peores condiciones de trabajo en el país. De esta manera, el abandono de las y los trabajadores, por parte del Estado, no sólo los deja en una posición asimétrica de poder, sino que los deja a la deriva ante una mano invisible que cada vez es más toma forma de una garra rapaz de los empresarios nacionales y transnacionales.
Después de haberse implementado la Reforma Laboral en México hace ya más de tres años, no sólo el trabajador ha perdido los derechos y beneficios que de alguna manera equilibraban la desigualdad natural que existe entre él y los dueños de los medios de producción, sino que los propios empresarios han comenzado a sentir los efectos de otra de las malas decisiones avalada en su momento por la mayor parte de los “representantes populares”. No pasó mucho tiempo para apreciar que el ritmo del crecimiento del empleo que se tenía antes de la Reforma Laboral se ha desacelerado a la vez que las plazas laborales del tipo formal, de por sí pocas, han perdido también calidad tanto en ingreso como en duración contractual, una condición que contrae el consumo derivado de que reduce la intención de adquirir bienes a mediano y largo plazos por parte de la clase trabajadora.
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El acceso y la calidad de la ocupación en México son preocupantes. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2015, en el país, 12.19% se ubica en condiciones críticas de ocupación, siendo Chiapas la entidad donde la problemática es más alta, con 30.22%; la tasa de ocupación en el sector informal en el país es de 27.25% y los niveles más altos se ubican en Tlaxcala (39.46%), Estado de México (35.98%), Hidalgo (35.15%) y Morelos (34.70%); la tasa de desocupación en México es 4.35%, mientras que la subocupación es de 8.30%. Cabe destacar que el porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones de ley es de 39.93% en el país, aunque en estados como Puebla (60.89%), Oaxaca (59.74%), Guerrero (57.70%), Tlaxcala (57.37%), Michoacán (57.19%), Chiapas (55.88%), Hidalgo (55.26%), Veracruz (54.28%) y Morelos (52.35%) sobrepasan más de la mitad de sus trabajadoras y trabajadores.
Asimismo, desde finales de la década de 1980, la política de salarios mínimos se utilizó virtualmente como un instrumento de la política antiinflacionaria, y traicionó su misión original en el campo laboral y de protección de los ingresos. Así, en vez de colocarlo en un nivel digno, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) sancionó ajustes nominales insuficientes que conllevaron caídas recurrentes del salario mínimo en términos reales. Para 1995 había perdido 66% de su poder adquisitivo frente a su valor quince años atrás.
A partir de entonces se abre una fase, que perdura hasta nuestros días. En ella el salario mínimo en términos reales sigue una pauta descendente. Esta política de extrañamiento del salario mínimo de toda consideración del mercado laboral, seguida ya por casi 40 años, ha ejercido un efecto grave sobre su poder adquisitivo. Su deterioro sistemático le coloca hoy en día y desde tiempo atrás como uno de los más bajos salarios mínimos de Latinoamérica.
Fuente: Banco Mundial. World Develpment Indicators, consultado en http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
De los 22 países latinoamericanos para los que se contó con información para 2011 del salario mínimo, el de México —equivalente en ese entonces a us $112.2— fue el más bajo, superado ligeramente por el de Nicaragua ($117.5 dlls.) y Bolivia ($117.5 dlls.), y equivalente a 40% del salario mínimo de Guatemala o de Honduras, cuyo PIB per cápita está muy por debajo del mexicano, y menos de la tercera parte del salario mínimo, en dólares en Costa Rica y Argentina.
De acuerdo con la ENEO, la mitad de las y los mexicanos ocupados perciben ingresos inferiores a los dos salarios mínimos. Esto quiere decir, en términos absolutos, que 22 millones 470,000 mexicanos viven y sostienen sus hogares con esta, con ingresos inferiores a los 900 pesos semanales.
El outsourcing o tercerización del empleo, el trabajo por honorarios y el freelance se convirtieron en política laboral de Estado. Cientos de empresas contratan estos servicios con un solo propósito en mente: ahorrar dinero. Esto porque del 100% de su nómina, sólo un 30% están en nómina y bajo las leyes reglamentadas, y esto, en el mejor de los casos. Las trabajadoras y los trabajadores se hayan en situaciones de escasos derechos y prestaciones laborales y, en la mayor parte de los casos, son sometidos a sobreexplotación, abuso y acoso laboral.
No se puede dejar de pensar en las pensiones, jubilaciones y fondos de retiro, los cuales se encuentran ante una inminente privatización, bajo el pretexto que el pago de pensiones engrosa la deuda y amenaza con quebrar las finanzas públicas. Lo cierto es que, El Estado busca mantener jubilaciones y pensiones ínfimas y, a su vez, desaparecer este derecho, dejándoles a los banqueros y aseguradoras las Afores y los seguros de separación individualizado. Se matan tres pájaros de un tiro: 1) se elimina el derecho laboral; 2) empresarios y gobierno no sólo se quedan con la plusvalía, sino que con los intereses de las ganancias producidas por las y los trabajadores, y; 3) se activan las finanzas de los banqueros y la usura de los mismos.
El panorama no es el mejor para los trabajadores, al cual hay que sumarle una combinación perjudicial para ellos: un sindicalismo corrupto, charro y servil de los empresarios y el gobierno y un gobierno neoliberal, ambos serviles de los empresarios y las grandes corporaciones transnacionales.
1º de mayo, recuerdo, conmemoración y exigencia de esos derechos que conquistaron las trabajadoras y los trabajadores del mundo. Pero, ¿se quedarán sólo como recuerdos?
Picaporte
No es la debilidad del mercado externo y la economía mundial la que pone en riesgo a México. Es una política económica que beneficia a unos cuantos y sangra a la mayoría, así como un gobierno federal corrupto que sirve a los intereses mezquinos de los empresarios, sobre las necesidades del pueblo.