Quién de nosotros no, en el día a día, se ha quedado con alguna frustración por conflictos cotidianos que la justicia penal en nuestro país, por su dimensión, no logra resolver; desde un conflicto vecinal hasta un problema laboral, muchos mexicanos hemos vivido este escenario.
Por esto y bajo el entendimiento de que la legalidad es un tema que no es exclusivo de una dimensión o de un estrato social, el Gobierno de la República convoco, a través de la organización del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la sociedad a los foros para buscar soluciones a lo que se ha acuñado en termino como Justicia Cotidiana. Por esta debemos entender aquella distinta a la penal y es, la que vivimos todos los días en nuestro trato diario y facilita la paz social y la convivencia armónica; es la que más le importa y afecta a la gente. Por lo que, resultado de estos foros, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó y envió al Congreso de la Unión, un primer paquete con ocho iniciativas de reforma constitucional, tres iniciativas de reforma legal y la propuesta de una nueva Ley General, así como un decreto administrativo, que forman parte de las reformas en materia de Justicia Cotidiana. Dentro de los cambios propuestos podemos-mencionar algunos como: la creación a nivel constitucional del Sistema Nacional de Impartición de Justicia, lo que permitirá una mayor articulación entre los Poderes Judiciales y los demás órganos del Estado mexicano que imparten justicia, porque no pensar que, a partir de una mayor coordinación y la adopción de plataformas tecnológicas comunes, podríamos hacer realidad los juicios en línea y facilitar el acceso a la justicia desde cualquier computadora o dispositivo móvil; el fortalecimiento de la independencia de los poderes judiciales locales, así como sus órganos de administración, vigilancia y sanción con lo que, se tratará de impulsar que los jueces y magistrados se nombren a partir de conocimientos y experiencia, para elevar la calidad de la justicia que imparten; se propone crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para unificar en todo el país las reglas en esta materia ya que, tenemos que evitar la disparidad de derechos y lograr que en todos los estados prevalezcan las mejores prácticas; se contempla ampliar la aplicación de la justicia oral en el ámbito mercantil para que todos los asuntos mercantiles sean resueltos de forma rápida y transparente ya que, queremos fomentar que la mayoría de los conflictos se resuelvan sin tener que llegar a juicio; se propone una Ley General de Justicia Itinerante para que la justicia llegue a todo México, sin importar qué tan pequeña o de difícil acceso sea una comunidad y que la justicia esté al servicio de los que más la necesitan; también dentro de estas iniciativas se contempla un cambio estructural a nuestro modelo de justicia laboral para proteger los derechos de los trabajadores de mejor manera ya que, es uno de los ámbitos donde los conflictos se prolongan continuamente. Hoy los mexicanos demandan soluciones sencillas y prácticas, acordes a su ritmo de vida actual; quieren un sistema de justicia eficiente, que resuelva y dé resultados; quieren un sistema justo y parejo por lo que, hoy comenzamos a implementar las soluciones que se trabajaron en los Diálogos por la Justicia Cotidiana con lo que reafirmamos, como gobierno, nuestro compromiso por construir un mejor país, más justo y equitativo que garantice a todos, el acceso a la justicia.