Es generalmente aceptado que toda practica, acto, conducta o procedimiento que vulnere el ejercicio libre del derecho político del voto, se considera corrupción electoral, porque en los hechos es un atentado, arrebato, fraude hacia la voluntad de los ciudadanos, estas prácticas son deliberadamente ilegales e ilegitimas y cuando se reproducen desde el poder aparece la corrupción pública, donde funcionarios y particulares establecen complicidad y asociación delictuosa, se convierten jurídicamente en delincuentes electorales. En lo político electoral la corrupción se ha convertido en un medio para diseñar estrategias electorales, con el objetivo de incidir en las preferencias electorales, poniendo especial énfasis en campañas y practicas clientelares, corporativas, donde la amenaza o prebenda, es lo que se obtiene. Creando así prototipos para un partido político, para que sin recato alguno con recursos públicos se satisfagan intereses personales o de grupo, el caso de la elección a gobernador en Puebla es más que evidente estas prácticas, cuando la corrupción invade a las instituciones políticas y de gobierno, el sistema político se convierte en autoritario y antidemocrático.
La naturaleza política de toda elección es que debe ser legal y legítima, donde la libertad de elección es un derecho para expresar la voluntad o preferencia hacia quien debe gobernar o acceder a la representación política. La negación de la honestidad política es la corrupción electoral y administrativa, por consecuencia atentatoria a la cultura política democrática, por los señalamientos públicos hechos por la mayoría de los partidos políticos y contendientes en este proceso de sucesión gubernamental, el Ejecutivo Estatal Rafael Moreno Valle, está bajo sospecha de estas prácticas que se vuelven patológicas para permanecer en el poder político.
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Por décadas se ha señalado por estudiosos de procesos y conductas electorales, que uno de los cuestionamientos centrales respecto al funcionamiento del sistema político mexicano, ha sido la sustentación y reproducción de la corrupción. La compra de conciencias y lealtades partidarias, han marcado un comportamiento que socialmente es considerada una práctica corrupta de los políticos relacionados o vinculados con la estructura de poder en sus diferentes niveles.
Los actores políticos que reproducen conductas corruptas van desde los funcionarios públicos, funcionarios electorales, gobernantes, electores, candidatos y partidos políticos. La inhabilitación, cárcel o anulación de la elección no son impedimento para que la “ingeniosidad e innovación” se desarrollen con efectividad por encima de la normatividad electoral.
La corrupción electoral es un síntoma de que las estructuras gubernamentales no están operando correctamente. La corrupción afecta la percepción de aspectos y valores básicos de la sociedad, tales como el ejercicio pleno de la libertad de elección. Pone en entredicho la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad.
Es innegable una crisis de valores y ética pública en los gobernantes, la corrupción es su rasgo distintivo. El combate a la corrupción es solo uno de los elementos que poseen las democracias modernas para la vigilancia y control de la labor pública; otros elementos complementarios como la revocación de mandato, rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública, son necesarios para tener una correcta supervisión del actuar gubernamental.
Ante omisiones, ambigüedades y ausencias en la legislación para combatir la corrupción electoral y ampliar los delitos electorales, a los ciudadanos nos toca ver pasar el tiempo, en lo que el Sistema Nacional Anticorrupción plasmado en el artículo 113 Constitucional, que está en ciernes, entre en vigencia, esperando que su funcionamiento integral contemple el castigo ejemplar a los gobernantes, en sus diferentes niveles de gobierno, que practiquen la corrupción electoral.
Como consuelo de “castigo”, queda en el imaginario social un calificativo más al gobierno de Rafael Moreno Valle, aparte de autoritario, antidemocrático, patrimonialista, represor, violador de los derechos humanos, manifiesta conductas de corrupción electoral. Que el pueblo lo redima.
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