El usufructo del poder político, cuando es ejercido en forma excesiva y autoritaria, así como de manera dinástica, tiende a corromper a los gobernantes que, asumiéndose como izquierdistas ─reales o fingidos─, deciden prolongar sus mandatos, directamente o a través de sucesores a modo, como Nicolás Maduro en Venezuela y Dilma Rousseff en Brasil.
Los mejores ejemplos de esta distorsión en el continente americano, de 57 años a esta fecha, son los casos paradigmáticos de los hermanos Castro Ruz ─Fidel y Raúl─ en Cuba; Daniel Ortega en Nicaragua; Hugo Chávez en Venezuela; Luiz Inácio Lula en Brasil y Evo Morales en Bolivia. A éste, la franja mayoritaria del electorado boliviano, le impidió convertir en realidad su deseo de aplazar su permanencia en la presidencia de su país hasta 2025.
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Obviamente, la eternización de los gobernantes en el poder es un síntoma inocultable de antidemocracia y corrupción.
Donde la sociedad tiene la posibilidad más cercana para cerrar el paso a la corrupción gubernamental, es en los países donde se respeta el voto popular y periódicamente se realizan elecciones democráticas para que los ciudadanos elijan a sus gobernantes y legisladores.
Desde la era posrevolucionaria y hasta la fundación del Instituto Federal Electoral, todos los comicios, en México, fueron manejados exclusivamente por el gobierno federal. Esta distorsión antidemocrática, fue la causa de la desconfianza y corrupción que surgió alrededor de todos los procesos electorales.
Las elecciones presidenciales de 1940, 1952 y 1988, en las que resultaron dudosamente electos Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Carlos Salinas de Gortari, fueron ensombrecidas por la evidencia de los mayores fraudes electorales cometidos, en perjuicio de la democracia electoral y de Juan Andrew Almazán, Miguel Henríquez Guzmán y Cuauhtémoc Cárdenas.
Fraudes que fue imposible demostrar documentalmente porque la sociedad civil, en esa época, tenía vedado el acceso a los procesos electorales, salvo para depositar su voto que no sabía si se contabilizaba o no con honradez.
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se consumó el fraude electoral que convirtió en Presidente de la República a Manuel Ávila Camacho y que se cometió en perjuicio del candidato opositor Juan Andrew Almazán. Más de un centenar de heridos y una veintena personas fallecidas fue el saldo de los actos de protesta realizados por los almazanistas en julio de 1940.
Al día siguiente de las elecciones del 6 de julio 1952, en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, un numeroso grupo de personas fueron reprimidas por el ejército al reunirse en el Hemiciclo a Benito Juárez, con el propósito de celebrar lo que se consideró como victoria de Miguel Henríquez Guzmán y protestar por lo que ya vislumbraba como otro gran fraude electoral. Esta vez a favor de Adolfo Ruiz Cortines. Hubo muertos y heridos. Nunca se conoció, con precisión, el número de personas fallecidas. El ejército desapareció muchos cadáveres.
Otro gran fraude electoral se llevó a cabo en 1988 durante el mandato de Miguel de la Madrid. Esta vez la víctima del robo fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas. No hubo derramamiento de sangre. El beneficiario del delito electoral fue Carlos Salinas de Gortari.
A partir de 1994, año en que por primera vez en la historia de México, un órgano electoral independiente del gobierno, manejó la primera elección presidencial, sus resultados adquirieron credibilidad. La que se acrecentó en los años 2000 y 2006, cuando el PRI, partido político que muchos consideraban invencible ─por su capacidad de cometer triquiñuelas y por la fuerza de su voto duro─, perdió en forma consecutiva la Presidencia de la República a manos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Desde entonces, las elecciones federales han sido diferentes, no obstante los frecuentes lamentos y quejidos, del perpetuo candidato presidencial, que siempre asegura que la mafia en el poder le roba sus triunfos electorales. Triunfos que hasta ahora no ha demostrado que los haya obtenido.
Dentro de 26 meses habrá elecciones para designar nuevo presidente de la república.
Observando con frialdad y detenimiento, a quienes, desde el interior de las 4 principales pandillas políticas más importantes (PRI, PAN, PRD y PMRN), pretenden ocupar la Presidencia de la República en el sexenio 2018-2024, no se vislumbra la menor posibilidad de encontrar un prospecto que sea mejor que Enrique Peña Nieto. La mayoría apunta hacía un mal desempeño y otro a ser más corrupto que el mandatario atlacomulquense.
Los prospectos visibles del viejo PRI son el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, principal sobreviviente de la hecatombe que ocasionó la fuga del Chapo Guzmán y a quien han fallado todos los programas de seguridad pública que ha implementado para erradicar la violencia criminal que azota al país y particularmente al estado de Guerrero; el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, a quien en Toluca le llaman el tapete de Peña Nieto porque asume actitudes de servilismo ante el presidente y Manlio Fabio Beltrones. Un viejo político mañoso y marrullero.
Por el PAN, Rafael Moreno Valle Rosas pretende la candidatura presidencial en 2018. De no postular otro candidato mejor que el todavía gobernador de Puebla, el panismo podría obtener otra derrota, como la que sufrió con Josefina Vázquez Mota en 2012.
Moreno Valle es el clásico político chapulín. Saltó del PRI al PAN para obtener la candidatura al gobierno poblano, igual que como antes de él lo hicieron Ricardo Monreal, en Zacatecas; Gabino Cué, en Oaxaca; Ángel Aguirre, en Guerrero; Leonel Cota, en Baja California Sur; Alfonso Sánchez Anaya, en Tlaxcala; Antonio Echeverría, en Nayarit y Arturo Núñez, en Tabasco.
Lo más sobresaliente de su gobierno, consiste en las elevadas sumas de dinero público que destina al pago de publicidad para divulgar su imagen personal y construir su eventual candidatura presidencial. El monto real de ese derroche de recursos del erario, Rafael Moreno lo mantiene en secrecía, aunque hay quienes lo calculan en más de 2 mil 500 millones de pesos.
Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, actúa como precandidato oficioso del PRD. Es el más débil y desprestigiado de todos y el que menos posibilidades tiene de triunfar.
Su imagen personal está mediáticamente sobreexpuesta y el desprestigio que arrastra recientemente llegó a su nivel más elevado por la forma desaseada, desorganizada y contradictoria como ha manejado el programa de restricción vehicular en la capital del país.
Del expriista, experredista y propietario absoluto de ese negocio político conocido como Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, México y los mexicanos no podemos esperar nada bueno de él, en caso que llegare a triunfar en las elecciones presidenciales de 2018.
Sí la inmensa mayoría de políticos mexicanos carece de pulcritud, López Obrador ha demostrado infinidad de veces que no conoce el significado de esa palabra. Se autodefine como demócrata, pero es autoritario. Arbitrariamente ha impuesto su candidatura presidencial al partido en turno donde milita. Su designación jamás ha sido democrática.
Sin importarle el daño que han causado a la educación pública, en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, los profesores que militan en la CNTE. el Peje López se comprometió a “devolverles” la rectoría de la educación básica si en las elecciones de 5 de junio votan en Oaxaca por los candidatos de Morena.
Lo peor de todo, para México y los mexicanos, es que de no ocurrir un milagro que haga aparecer un buen candidato presidencial en 2018, tendremos que optar por abstenernos de emitir nuestro voto o votar por cualquiera de los prospectos antes mencionados. Sabiendo que ninguno de ellos tiene el perfil del presidente que necesita el país.
Este panorama es desolador, porque nos obliga a admitir que no es suficiente tener elecciones democráticas, cuyo eje central sea el respeto indeclinable a la voluntad del electorado, si no se tienen candidatos de buena calidad.