En materia de obras públicas, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tuvo un arranque espectacular al anunciar la ejecución de dos proyectos destinados a optimizar la infraestructura del transporte de pasajeros. Se trataba de obras de gran magnitud que trascenderían el sexenio de su impulsor. Uno de los proyectos tiene que ver con la edificación del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. El otro concernía a la construcción y operación del primer tren de alta velocidad que funcionaría en el país, en la ruta México-Querétaro.
El primer proyecto, está en marcha con una inversión de 174 mil 622 millones de pesos. El segundo, donde se preveía invertir 58 mil millones de pesos, fue cancelado por orden del presidencial.
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Los trabajos relativos a la construcción de lo que será el moderno aeropuerto metropolitano, están desarrollándose con normalidad. Al concluir esa obra, la nueva terminal aérea dispondrá de seis pistas para atender anualmente a 120 millones de pasajeros.
Las labores relacionadas con la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, jamás se iniciaron, no obstante que esa obra pudo ser el punto de partida para reinsertar el sistema de transporte de pasajeros por ferrocarril en el país.
La historia de esa cancelación es la siguiente:
El 15 de agosto de 2014, fue publicada la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional Abierta para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.
Todos los representantes de las empresas constructoras interesadas en participar en esa licitación, excepto el consorcio integrado ─entre otros licitantes─ por China Railway Construction Corporation y la Constructora Teya, solicitaron, a la secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación del plazo establecido por considerarlo insuficiente para elaborar y entregar el proyecto ejecutivo y las propuestas económica y técnica.
La STC negó la ampliación solicitada, argumentando que de ser autorizada se reduciría el tiempo en que se tenía que ejercer el presupuesto autorizado. Ante esta negativa, las empresas que solicitaron la ampliación del referido término, renunciaron a participar en la licitación del tren de alta velocidad.
El 3 de noviembre, de ese mismo año, la STC, declaró triunfador de la licitación al consorcio constructor encabezado por China Railway. Al conocerse esta resolución, surgieron dudas acerca de la legalidad del procedimiento licitatorio.
De inmediato apareció la sospecha, en diversos sectores de la opinión pública, de que el grupo de constructores a quienes favoreció el veredicto de la secretaría de Comunicaciones, no consideró necesario solicitar la ampliación del estrecho plazo establecido en la convocatoria para entregar las propuestas económica y técnica, así como el proyecto ejecutivo del TAV, porque se presumía que desde antes de publicar la referida convocatoria, ese consorcio ya tenía preparados todos esos documentos.
No deben pasar desapercibidos para nadie los siguientes elementos de juicio:
- Es factible que como Peña Nieto durante su campaña electoral, ofreció construir el Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, desde antes de publicar la convocatoria ya tenía en su poder la documentación requerida para participar en la licitación y que
- La propensión del presidente de la república ─reiteradamente demostrada y comprobada─ a favorecer a determinados contratistas de obra pública de su predilección, entre ellos a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la Constructora Teya, que forma parte del consorcio encabezado por China Railway Construction a quien le fue adjudicado el contrato para construir el TAV.
Dos días después de esa sospechosa adjudicación, que demuestra la corrupción que existe dentro del gobierno federal, el veredicto de la SCT fue revocado por instrucciones del presidente Peña Nieto.
Aunque posteriormente el secretario Ruiz Esparza anunció que se repondría el procedimiento anulado y que la Constructora Teya, causante de los enjuiciamientos efectuados al amañado proceso licitatorio, ya no participaría en el siguiente concurso, la STC no emitió la segunda convocatoria, debido a que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que las medidas de austeridad presupuestal dictadas por el gobierno federal en 2015, obligaron a suspender definitivamente esa obra pública.
Obviamente, la argumentación manejada por Videgaray careces de sustento. Fueron los cuestionamientos provocados, dentro y fuera del país, por ese acto de corrupción gubernamental, lo que obligó a Peña Nieto a ordenar, primero, la revocación del amañado fallo y, posteriormente, lo indujeron a suspender definitivamente el fallido proyecto del TAV.
El consorcio que resultó afectado por la revocación de la licitación, en términos de ley, tiene derecho a que el gobierno federal le pague una indemnización que le restituya los daños ocasionados por esa determinación.
Asumiendo conductas de opacidad, falta de transparencia y de no rendición de cuentas, la Presidencia de la República y las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público se han abstenido de cumplir su obligación de dar a conocer a la sociedad el monto de la indemnización que debieron pagarle por concepto de reparación de los daños que le ocasionaron al suspender la obra en que se invertirían 58 mil millones de pesos.
Si la indemnización correspondiera al 10% de monto de la inversión, se habrían pagado 5 mil 800 millones de pesos y hubiere sido de 1% serían 580 millones de pesos.
El secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza ─que en este caso actuó como cómplice Peña Nieto─ declaró que China Railway únicamente solicitó el pago de 20 millones de pesos como reparación del daño.
De no haber ocurrido la corruptela fallida de la mancuerna Peña Nieto-Ruiz Esparza, ese proyecto transexenal, pudo ser el punto de partida para reinsertar en México, el servicio de transporte de pasajeros en ferrocarril que es necesario restablecer.
En Europa ese medio de transporte es imprescindible.