La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto cascabeles al gato. En su informe anual sobre México –Situación de los derechos humanos en México, Nueva York, 2 de marzo- sostiene que la desaparición de los 43 normalistas de Aytozinapa es ‘‘un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado’’; y que tal colusión explicaría, tanto las ‘‘graves deficiencias’’ de las investigaciones en ese tipo de casos, como la ‘‘impunidad estructural y casi absoluta en los graves crímenes que ocurren en el país”. El argumento es demoledor por el presupuesto lógico que fija como base para el análisis de todos los hechos relacionados con el manejo de la institucionalidad jurídico-penal. Las conclusiones que, de este modo se obtengan, ayudarán a explicar formas de gobierno, proyectos políticos, manejo de economías, corrupción e impunidad, por lo menos; cuyo resultado lógico y natural se traduce en la intolerable descomposición social forjada como la base material e ideológica en que se sostiene el régimen político en México.
En nuestro suelo, el Congreso local ha sido tribuna elegida para que algunos diputados y el Secretario de Gobierno expongan una visión a modo sobre el tema de presos políticos en Puebla, revelador de que el tópico se ha convertido en punto referencial para la comprensión de las formas del ejercicio de gobierno. La entidad es objeto de experimentación poniendo en práctica un estilo gubernativo que, destacando la obra material construida mediante la transferencia de recursos y bienes públicos a manos privadas como fin principal del manejo del estado, oprime al grueso de la población violando permanentemente sus derechos a la vida digna y socialmente útil, descomponiendo la convivencia y destruyendo destinos. El neoporfirismo redivivo como estilo de gobierno.
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El contraste puede verse ahora. La obra material festinada como hecha “sin pedir ni un solo peso prestado” ofrece, por contrapartida, una descomposición social brutal, nunca antes vista, que la crónica periodística cotidiana nos documenta crudamente. Ambas obras son resultado concreto de un modo de conducción social a través del mando y dirección institucional. Toda la eficiencia que el aparato gubernamental exhibe para encarcelar inconformes y disidentes, destruir oposiciones, aplastar formas organizativas que no se pliegan a directrices oficiales, quebrar institucionalidades, control de medios, etc.; se transforma en displicencia frente a la expansión de la criminalidad. Si el tema de los presos políticos pudiera, acaso, no ser percibido a cabalidad como expresión de descomposición social debido a la duda que la población pueda albergar en torno a correctas o perversas formas de aplicación de la ley; en otros, como feminicidios, linchamientos, robo en ductos y otros más, el aparato gubernamental se muestra desdeñoso, no sólo para actuar en cumplimiento de sus obligaciones, sino, hasta para concebirlos y aceptarlos como problema social.
Mientras calles, puentes, hospitales, museos se publicitan hasta el hartazgo como la obra de un gobierno pujante y exitoso; el discurso gubernamental y el trato que se da a las víctimas de delito es ofensivo e indigno. ¿Cómo calificar el argumento que sostiene: “no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios”? Al conocerlo mi asombro fue enorme; no recuerdo si exclamé ¡wow!, o, ¡guau!, pues ya me falla la memoria; pero, como Alicia en el país de las maravillas, pensé admirado ¡cómo no se me habrá ocurrido a mí antes!. El tecnicismo puesto por encima del hecho bestial: “Se menciona que he dicho que algunos homicidios de mujeres no son feminicidios. En fin, ya lo expliqué: no lo dice el fiscal, lo dice la ley”. De nueva cuenta la ciencia del derecho está de plácemes con las aportaciones de este moderno Hermes.
Desde la Secretaría de Gobierno se nos obsequia otra perla, ahora, sobre los linchamientos en algunos municipios: ¡Son cosas de la vida cotidiana! En tanto que, sobre el robo en ductos de Pemex, el silencio es la explicación. Tan terrible la acción como el discurso. Para los presos políticos es la eficiencia en el encarcelamiento, seguida del discurso que niega su existencia. Para el reclamo social de una alerta de género por los feminicidios, se ofrece pusilanimidad en la negativa –como si dijese, para qué si apenas van 50- y el sufrimiento de las familias afectadas se ve correspondido con la indolencia en la investigación de los crímenes pues, a decir del fiscal, “no es necesario crear una fiscalía [especializada en feminicidios], al aducir que el órgano a su cargo cuenta con las direcciones suficientes para brindar atención a la mujer”.
Este tipo de discurso que niega, desdeña u oculta con el silencio realidades generadas por la arbitrariedad del poder, lleva implícito un retruécano ruin: pretender que sean las víctimas o sus deudos los que deban demostrar -¡pruebas!, ¡pruebas!- la existencia de actos u omisiones que se deciden en las cañerías del poder y se gestan en los sótanos institucionales. Bajo este guión discursivo el gobierno ha denostado, reprimido e intenta acorralar, política y jurídicamente, a la 28 de Octubre, con el apresamiento y procesamiento judicial de dirigentes y voceros cual espada de Damocles. Después del turbio e ilegal manejo institucional para armar averiguaciones, fabricar delitos y confeccionar expedientes para encarcelar a Simitrio, sus hijos, Fernando Alonso y procesar a Rita Amador; ahora esgrime la bandera de la “legalidad” para justificar sus acciones. Eso es un engaño para la sociedad pues ¿cuándo y dónde debe empezar la legalidad de los actos de autoridad?
Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de marzo de 2016.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO