Por regla general, en México, el voto se emite a ciegas. Sin conocer los antecedentes personales de los candidatos a quienes se otorga el sufragio. No se sabe ─y los candidatos lo ocultan─ si se trata de ciudadanos honestos, que pagan puntualmente sus impuestos. Si los bienes que poseen los adquirieron honestamente y si tienen o no antecedentes penales.
Esta forma de votar, ha facilitado que se cuelen a los cargos públicos personas que los aprovechan para cometer, en su beneficio personal, todo tipo de corruptelas
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Con la finalidad que antes de votar los electores tuviéramos información básica acerca de las personas que nos pidieron el voto el 7 de junio anterior, 2 meses antes de las elecciones, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, lanzaron la campaña 3 de 3 con la idea que todos los candidatos a puestos de elección popular que participaron en esa jornada electoral, hicieran públicas sus 3 declaraciones.
La patrimonial, la fiscal y la de posibles conflictos de interés.
Se trataba que antes de votar, los electores contáramos con una elemental radiografía ciudadana de los candidatos a quienes otorgaríamos nuestro voto.
Alrededor del 80% de los candidatos desestimaron la convocatoria lanzada por 3 de 3 y permanecieron ciegos, sordos y mudos ante esta novedosa jornada ciudadana. Quizá, pensaron que sería un obstáculo para beneficiarse con los puestos de elección popular para los que fueron postulados.
La cruzada fue intensa y horizontal. Despertó interés en una importante franja de electores. Sin embargo, apenas el 20% de los candidatos hicieron públicas sus 3 declaraciones, pero no obstante eso, el 3 de 3 puede convertirse en un eficaz antídoto contra la opacidad de todos los candidatos que aspiren a ocupar cargos públicos en lo sucesivo. Desde del presidente de la república hasta el más modesto regidor.
Ante esta perspectiva, el resultado de la convocatoria 3 de 3, debe transformarse en un gran movimiento de reclamo social con proyección y fuerza nacional.
El paso inicial está dado. Consistió en lanzar, desde la base de la sociedad civil, la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para lograr este propósito ciudadano, Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, promovieron la recaudación de 120 mil firmas de electores.
De frente a esta gran tarea de la sociedad, todos los ciudadanos que estemos en desacuerdo con los abusos y corruptelas que cometen los servidores públicos, debemos apoyarla con nuestra firma y convertirnos en difusores de ella, entrando a la página Web www.ley3de3.mx para obtener mayor información y el formato que tenemos que firmar para alcanzar la meta de las120 mil firmas que respaldaran la iniciativa ciudadana.
Debido a que la Ley General de Responsabilidades administrativas que impulsa 3 de 3 y la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos tienen puntos de coincidencia, podrían fusionarse para lograr su complementación y perfeccionamiento. Con esta integración se obtendría una nueva y más eficiente herramienta jurídica, que inhiba los abusos y los actos de corrupción que suelen cometer muchos servidores públicos.
Paralelamente a esta innovadora tarea ciudadana, se puede realizar otra de no menor importancia y trascendencia.
Recabar igual cantidad de firmas para solicitar al Congreso de la Unión la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los artículos donde se establecen los requisitos de elegibilidad que deben cumplir las personas que aspiren a ocupar cualquier cargo de elección popular incluyendo al presidente de la república.
Las referidas reformas consistirán en establecer, como requisito obligatorio para ser candidato, la obligación de presentar, adicionalmente, los siguientes documentos a las autoridades electorales en el momento de solicitar el registro de su candidatura:
Las declaraciones marcadas con los numerales 1 y 2 también tendrían que hacerse públicas al finalizar el ejercicio del cargo para el que resultaron electos.
Reformas análogas se efectuarían en la constitución y ley electoral de cada una de las 32 entidades federativas del país.
En reuniones entre familiares, amigos y vecinos y en espacios públicos se escuchan expresiones de inconformidad contra los abusos y actos de corrupción ─grandes y pequeños─ que cometen integrantes de la clase política
Los espacios que destinan en sus páginas los principales medios informativos impresos para que sus lectores comenten las noticias que publican sobre las actividades o declaraciones de servidores públicos, se pueden leer las expresiones mordaces que hace el público sobre los gobernantes.
Basta leer en las redes sociales las corrosivas expresiones que hacen los cibernautas contra los políticos mexicanos ─empezando por el presidente de la república, los senadores y diputados─ que aprovechándose de los cargos públicos que ocupan, cometen diversos abusos y actos de corrupción para obtener beneficios económicos indebidos. Cosa que les ha permitido alcanzar una alto grado de repudio en la opinión pública.
Entre estos abusos y actos de corrupción destacan los siguientes:
La adquisición del lujoso avión presidencial de 7 mil millones de pesos, los casi mil millones de pesos que costó la remodelación del hangar para albergarlo y la adjudicación directa de esa obra pública a la empresa constructora predilecta del presidente Enrique Peña Nieto y el escándalo generado por las sospechosas operaciones inmobiliarias de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec y del Club Campestre Malinalco, propiedad, respectivamente, de su esposa y del secretario de Hacienda Luis Videgaray, contribuyeron a exacerbar el malestar de la población.
Las numerosas y variadas prebendas que, en forma discrecional, se asignan a senadores y diputados.
El día de ayer, el periódico Reforma, documentó varios ejemplos de los derroches en que se incurre en el Senado de la República, en materia de viajes aéreos.
Uno de ellos se relaciona con los panistas Francisco Búrquez y Salvador Vega Casillas, titular de la secretaría de la Función Pública (2007-2011) en el gobierno de Felipe Calderón.
Ambos viajaron a la cuidad de París. El boleto de Búrquez, en clase turista, costó 32 mil 358 pesos. Mientras que el de su correligionario, Vega, en clase VIP, costó 128 mil 828 pesos.
El otro ejemplo involucra a 2 senadoras del PAN.
Pilar Ortega viajó a San Petersburgo con un boleto de avión de 42 mil 705 pesos. En tanto que el de su colega, Laura Rojas, en viaje a la misma ciudad rusa, se pagaron 132 mil 199 pesos, porque a la ilustre legisladora se le ocurrió viajar en clase de lujo.
También, el día de ayer, se supo ─con 2 años de atraso─ que el inepto y pusilánime gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, obsequió, a los delincuentes-profesores de la CNTE, 20 camionetas pick up, de doble cabina.
En estos vehículos los centistas trasladan a sus mítines, marchas y plantones, las pancartas, propaganda, equipos de sonido y hasta los ingredientes para elaborar las bombas molotov que utilizan para incendiar oficinas públicas.
Todos estos abusos y otros excesos de semejante naturaleza, generan las condiciones políticas necesarias para constituir organizaciones de la sociedad civil que combatan la corrupción gubernamental. ¡Una de estas organizaciones podría ser el movimiento 3 de 3!