A partir del verdadero negocio que representa para muchas empresas el sondeo de opinión, la elaboración de encuestas y estadísticas en México, es obvio traducir las cifras reflejadas en éstas como manipuladas en su gran mayoría. Los estudios realizados por teóricos del derecho de la Universidad de las Américas Puebla, no deben confundirse con aquellos que refiero en primer orden, sin embargo, sostengo representan un análisis con poco reflejo de campo y aun cuando bien afirma el doctor Derbez, impunidad es sinónimo simplemente de un dejar hacer, por lo menos en Puebla, también es un hacer para simular un quehacer.
Dicho en otras palabras cuando se encarcela gente inocente para encubrir la magnitud de un evento o bien para justificar la apariencia de trabajo a la sociedad se genera impunidad con resultados catastróficos que producen en el sujeto activo de un delito la seguridad total de no ser capturado pues otro en su lugar será sometido a proceso y muy posiblemente condenado. Por supuesto que en la estadística de la UDLAP, no figuran los presos políticos que hay en la entidad, la respuesta de un teórico del derecho es fácil “no se encuentra debidamente documentado el acto de impunidad”.
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La impunidad tiene mucho que ver con ese modelo de justicia cotidiana a la que se refirió el presidente Enrique Peña Nieto hace algunos meses, pero respecto de lo cual nada se hace. En nuestra entidad el problema de la impunidad se acentuó de manera considerable cuando por razones políticas y de intereses económicos se cambió a una base burocrática quizá anquilosada y se dice, vincula a prácticas corruptas, así como poco comprometida con su empleo.
En razón de lo que cito últimamente se generó por un abierto compromiso político la llegada de una estructura burocrática desconocedora de la entidad, pero a ello se debe agregar una realidad de la cual no se profundizó en el reciente estudio de impunidad al que me he referido, es decir, ante el despido masivo de agentes del ministerio público, quienes ocupan estos cargos son auxiliares de dichas dependencias en funciones de representante social y los nombramientos correspondientes se asignaron a personajes que plácidamente laboran en diversa entidad y si no pregunten entre otros al agente del ministerio publico de Villa Frontera.
Con el Poder Judicial del estado la táctica fue diversa, esto es, se optó por hacer manita de puerco algunos jueces para lograr el sometimiento deseado y así poder dar claras directrices en el quehacer de éstos, a quienes por cierto, no les resultó difícil frente a sus escasos principios de autonomía, independencia e imparcialidad.
Más allá de lo que reflejan las estadísticas de impunidad, el sentir de la sociedad es de nula confianza en las autoridades ya que se dejó de priorizar la impartición y administración de justicia para dar paso a grandes obras de embellecimiento a una ciudad que si bien requería maquillaje tiene aun dolencias que la aquejan severamente.
Al interior del estado la situación es aun más grave, ya que, en los diversos distritos judiciales la queja es constante pues agentes del ministerio público y jueces laboran en horarios y días que sus actividades personales les permiten, el trato a la sociedad por quienes carecen de vocación de servicio y ética se traduce en un claro fomento a la impunidad, por tanto, no solo se trata de establecer en comunidades de cien mil habitantes a diez agentes del ministerio público y cinco jueces, se trata de asignar las capacidades necesarias para las necesidades imperantes y sobre todo crear órganos de control y disciplina interna dentro de cada institución, pero además que estos órganos verdaderamente respondan al agravio social que no solo les causa el infractor de la norma, si no por demás la propia autoridad en su dejar hacer, dejar pasar.
El tópico de la impunidad requiere básicamente de la visión crítica, real y objetiva que no se obtiene tan solo en la teoría si no por demás en la práctica cotidiana, esa práctica que en el argot del abogado postulante se traduce en la imperante necesidad de aceitar una maquinaria de impartición y administración de justicia que no camina sin que medie la dadiva y la relación, temas estos sobre los cuales constantemente ha puesto énfasis este columnista en anteriores entregas.
Concluyo, grave sería para los poblanos que el gobernante en turno y aun el o la entrante desatiendan el estudio de la Universidad de las Américas Puebla, pues al margen de sus cifras en las que podemos estar o no de acuerdan, refleja dicho análisis la preocupación de una Institución con compromiso social.
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