El sábado 30 de enero, al leer la página 16 de la primera sección del periódico Excélsior, súbitamente entré en shock por no discernir si debía reír o llorar, al enterarme que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se mostró notoriamente deprimido y apesadumbrado, ante un grupo de legisladores que participaron en la Segunda Reunión Plenaria PRI-PEVEM, al manifestar su desconsuelo porque los mexicanos no reconocemos el trabajo que en materia de seguridad pública ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al día siguiente, el domingo 31 de enero, aún sin recuperarme todavía al 100% del choque emocional que me produjo el día anterior el deplorable estado anímico que ocasionó al secretario Osorio Chong la incomprensión de la sociedad, leí el editorial titulado Queremos paz del semanario Desde la fe que publica la Arquidiócesis de México.
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Se trata de un texto contundente y demoledor. Que describe objetiva y rigurosamente la gravedad del problema de inseguridad pública que se vive en el país y la demostrada incapacidad para resolverlo de las autoridades federales, estatales y municipales.
Por el estado depresivo en que se encuentra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, debido a que nadie en el país, reconoce el trabajo realizado por el gobierno federal para restablecer la seguridad pública, no es conveniente que lea ese editorial porque acabaría de desilusionarse. Y la desilusión podría causarle un mortal infarto al miocardio.
Refiere el semanario eclesial que el país “enfrenta fenómenos delictivos y de violencia que parecen no tener precedentes en su historia contemporánea. Los índices (delincuenciales) llegan a cuestionar la capacidad (de resolución) de las autoridades de todos los niveles de gobierno y los hechos sangrientos ya parecen ser comunes, cosas cotidianas…”
Desde la fe continúa diciendo que “A esto se suman violencias invisibles de (delincuentes) movidos por el espíritu del mal y el dios de la avaricia, protegidos por la impunidad y nutridos de la corrupción. Hay mexicanos (yo diría, decenas de miles de mexicanos) desaparecidos, niños, jóvenes y adultos quienes, un día, fueron raptados de sus hogares y, por la incapacidad oficial, los padres y familias de las víctimas asumen lo que los procuradores (de justicia) y ministerios públicos ya no pueden hacer. De acuerdo al Alto Comisionado de la Naciones Unidas, entre 2006 y 2014, más de seis mil niños y adolescentes menores de 18 años han desaparecido, sustraídos por bandas y el crimen organizado”
Prosigue relatando la publicación eclesiástica que “La violencia contra las mujeres es rampante y en determinados estados hay focos rojos. En Jalisco, 559 personas fueron privadas de la vida entre 2012 y 2015, aparte de las desapariciones que suman más de dos mil. Morelos vive alerta de género y el Estado de México, sólo en 2014, registró la desaparición de 400 niñas y adolescentes en los municipios conurbados pobres y violentos de Ecatepec, Ciudad Netzahualcóyotl y Chimalhuacán.”
En franca oposición a las cifras que en el aspecto de seguridad pública maneja optimistamente el presidente Enrique Peña Nieto, en sus discursos, la Arquidiócesis de México, en su citado semanario, afirma “Que las cifras oficiales dicen que los homicidios van a la baja, pero la realidad contradice el aparente triunfo. Ni un nuevo gobierno, ni los planes de desarrollo, impiden que la sangre siga corriendo…”
La Arquidiócesis de México, replicando la frase que en señal de triunfo pronunció el presidente Peña con motivo de la reaprehensión del narcotraficante Chapo Guzmán, remachó su drástico editorial con la frase La misión no está cumplida.
Cualquier persona ─católica o no─ que tenga noción de lo que acontece cotidianamente en el país acerca de la inseguridad pública, particularmente en los estados de Guerrero, Michoacán, México, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Jalisco, Chihuahua y Sinaloa, estará de acuerdo con la apreciación que sobre este tema tiene el semanario católico Desde la fe.
Yo no profeso ninguna religión. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con la valoración hecha por la Arquidiócesis de México, en su publicación del 31 de enero, acerca de los avances logrados en el país por la violencia y la delincuencia y de la incapacidad, tantas veces demostrada, de todas las instancias gubernamentales para prevenirla, frenarla y resolverla.
No es la primera vez que alguien de la comunidad católica denuncia la evolución alcanzada por la delincuencia y critica la incapacidad de las autoridades para enfrentarla satisfactoriamente.
En el sitio Web del Episcopado Mexicano, se publicó el 15 de octubre de 2013 una carta del obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Vázquez. Donde el prelado Patiño estableció que la contraparte del “Estado de Derecho”, es el “Estado Fallido” porque en éste “hay ausencia de la ley y la justicia” y puntualizó que “Michoacán tiene todas las características de un Estado Fallido.
A través de una video conversación con un grupo de mexicanos, el Papa Francisco demostró que está bien informado de lo que acontece en el país, en el aspecto de seguridad pública, al aconsejar a la comunidad católica mexicana que luche unida contra el crimen organizado y la corrupción, porque “el México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico de drogas, el México de los cárteles, no es el México que quiere la virgen de Guadalupe”.
Todo mundo, dentro y fuera del país, tiene claro conocimiento de la magnitud que ha alcanzado la inseguridad pública que se vive en México, desde que Felipe Calderón Hinojosa, declaró la guerra al narcotráfico y sacó de sus cuarteles al Ejército y la Marina con el propósito de combatirlo.
Desde el inicio de su administración gubernamental, el presidente Peña Nieto está enfrascado en esa batalla con resultados mediocres, porque a pesar de la captura de varios capos, el narcotráfico continúa operando sin mayores contratiempos.
Basta leer la prensa o escuchar los noticiarios para enterarse de la enorme variedad de delitos que se comenten diariamente a lo largo y ancho del país. Ejecuciones colectivas, secuestros, extorsiones, homicidios dolosos, asaltos y tráfico de drogas.
En el estado de Guerrero, al tomar posesión de la gubernatura Héctor Astudillo Flores, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en presencia de integrantes del Gabinete Nacional de Seguridad (secretarías de Marina y Defensa Nacional, PGR y Cisen) anunció el relanzamiento del Plan de Seguridad para esa entidad federativa y advirtió que la paz y tranquilidad de los mexicanos “pasa por Guerrero”.
Pero al cumplirse cien días ─4 de febrero─ de la toma de posesión de Astudillo y del relanzamiento del referido Plan de Seguridad, el periódico Reforma dio cuenta de 406 ejecuciones ocurridas en 31 de los 108 municipios guerrerenses. En Acapulco acaecieron 158; en Chilpancingo 49; en Chilapa 33 y en Iguala 12.
En este contexto, dentro de un marco de creciente violencia e inseguridad, la próxima semana llegará a México el Papa Francisco.
Primero se reunirá con el presidente Peña en el Palacio Nacional y oficiará una misa en la Basílica de Guadalupe. Al día siguiente acudirá al municipio mexiquense de Ecatepec. Después se trasladará a San Cristóbal de las Casas para reunirse con representantes de comunidades indígenas chiapanecas. Posteriormente viajará a Morelia y a Ciudad Juárez, al final de su visita papal.
Sin perder de vista el carácter religioso que tiene la estancia del Papa Francisco en México, no se puede soslayar el sentido político que conlleva su presencia en el estado de México donde el índice de delitos ─particularmente feminicidios─ es elevado. En Chiapas donde surgió la rebelión indígena armada de 1994 y existe uno de los niveles más altos de pobreza. Y en Michoacán y Chihuahua, donde los indicadores de violencia han rebasado la media nacional.
En todos esos puntos geográficos convergen, en mayor o menor medida, la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la desigualdad social. Ahí el pontífice argentino corroborará personalmente que las partes del México que visitará no corresponden al México que el presidente Peña describe en sus discursos en materia de seguridad pública, seguridad social, educación y empleo.