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OPINIÓN

Febrero, mes de las inscripciones: educación privada o privatizada

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Oscar Barrera Sánchez

Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA. Comunicador y filósofo por la UNAM y teólogo por la UCLG.

Jueves, Febrero 4, 2016

Desde hace algunos años, las inscripciones a preescolar, primaria y secundaria, la educación básica, se llevan a cabo durante el mes de febrero de cada año. Sin embargo, desde hace una década la presión por hacer creer a la población que las escuelas privadas son mejores que las públicas, ha servido para que el gobierno legitime la política capitalista neoliberal que ha emprendido en el terreno educativo en los últimos años. Asimismo, se ha ido construyendo en la opinión pública la denostación de las obligaciones del Estado con la ciudadanía, como la obligación de impartir educación pública, creando una privatización no sólo fáctica, sino ideológica. El proyecto: dejar en las manos de organizaciones económicas nacionales y organismos internacionales la política educativa y, crear una falsa conciencia en la población del vínculo calidad-privado.

Ejemplo de esta situación son los rankings o clasificación de las escuelas de educación básica. La Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el ciclo 2005-2006 contribuyó con la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) a este proceso de construcción ideológica, clasificando a las “mejores y peores” escuelas del país. Los resultados de dicha prueba sirvieron para que los grupos empresariales (sobre todo Mexicanos Primero, filial de Televisa) apelaran al voluntarismo y la calidad para legitimar la privatización educativa. Asimismo, gobierno federal, estatales y empresarios dejaron de lado las condiciones socioeconómicas de profesores, alumnos, padres y madres de familia, comunidad e infraestructura escolar, las cuales demarcaban el logro de grupos de población escolar. Las escuelas de los estratos indígenas, rurales y cursos comunitarios siempre fueron las menos favorecidas con los resultados de evaluación, mientras que las urbanas y, sobre todo, las privadas obtenían mejores resultados.

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De esa manera, la brecha educativa se iba ampliando con el aval gubernamental y el beneplácito empresarial, quienes en lugar de disminuir la inequidad de los estratos y modalidades educativas, se encargaron de ampliarla. El gobierno pagó, con dinero público, una gran encuesta para favorecer los intereses mezquinos de los grupos empresariales y los organismos internacionales.

Actualmente, algunos medios de comunicación realizan encuestas las cuales sirven como guías al momento de la elección de ciertos padres de familia, los de las clases media y alta, obviamente. Según estas clasificaciones, la calidad de las escuelas se mide a partir de: 1) el nivel del profesorado o la cantidad de docentes por alumnos; 2) los resultados en la pruebas ENLACE o del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA); 3) instalaciones o infraestructura escolar; 4) nivel de inglés; 5) seguridad, y; 6) Actividades extraescolares.

Lo trascendente en este tipo de clasificación de las escuelas es que dentro de las mejores sólo se toman en cuenta las privadas y no hay información de las públicas. Esto implica que, de hecho, se promueve una inferencia de superioridad en la calidad de las escuelas privadas sobre las públicas, además de que dichos rankeos sólo se hacen en la Ciudad de México.

Por otro lado, en los primero lugares de estos rankings aparecen las escuelas primarias privadas de mayor costo económico. Por ejemplo, se encuentran escuelas como el Colegio Olinca (costo anual básico de $120 890), The American School Foundation ($200 040), Tomás Alva Edison ($93 300), Instituto Cumbres ($146 420), Alemán Alexander Von Humboldt ($139 810), entre otros. Esto evidencia que, cuando se hablan de brechas de resultados de logro entre escuelas privadas y todas las demás modalidades, se hace referencia a una brecha enorme en el terreno socioeconómico. La calidad de la educación es un concepto que hace referencia a una serie de determinantes sociales, económicas y culturales que subyacen al logro educativo. Es decir, hay una calidad para los ricos y clasemedieros y, otra para los pobres.

Si tomamos en cuenta que quien gana el salario mínimo, es decir, $73.04 pesos diarios, esto indica que necesitarían ahorrar su salario íntegro durante seis años para pagar un año de colegiatura en una de las primeras 10 escuelas del ranking. Si se toma en cuenta que, un trabajador profesionista de la Ciudad México gana 3.5 salarios mínimos, o sea, $219 pesos diarios, esto indica que tampoco podría enviar a sus hijos a este tipo de escuelas. Entonces, ¿una persona puede inscribir a sus hijos en “las mejores escuelas”?

Con estos datos, se evidencia la inercia de una cultura de calidad “privada”, misma que lleva años gestándose en el país. Por una parte, se disparan mensajes que mencionan la superioridad académica e infraestructural de los colegios privados y, por otra parte, se denuncia falta de calidad de las escuelas públicas. O sea, la calidad que espera el gobierno es la de las escuelas privadas, por ese motivo, busca privatizarlas. Privadas o privatizadas, los ciudadanos podrían elegir a cuál escuela enviar a sus hijos. Obviamente, si se es hijo de un obrero se le educaría de manera diferenciada a la de un hijo de un diputado o senador. 

Por su parte, la educación pública, con las reformas hechas por el gobierno de Enrique Peña Nieto cada vez es más privada. Sin embargo, no cuenta con la infraestructura ni los niveles de logro de las escuelas privadas; sus contextos socioeconómicos son más pobres y; su capital cultural no es el hegemónico en una sociedad capitalista. De esta manera, hay escuelas privadas y escuelas privatizadas. Parecen lo mismo pero no lo son. Las primeras se eligen por decisión; las segundas por consolación. Y, entonces, ¿el derecho a la educación de calidad?

El Estado está asfixiando la educación pública, dejándola morir, para poder darla a los mejores postores. Capacitar a los hijos de los pobres y educar a los hijos de los ricos. El Estado incumple el derecho a la educación bajo el pretexto de la educación de calidad, ésta entendida desde la idoneidad al gran capital. Hacer competentes en los trabajos manuales y de menor salario a los hijos de las mayorías y educar “con calidad” a los futuros dirigentes del país.   

Febrero, mes de las inscripciones, también podría ser el lema que indica: Usted puede inscribir a su hijo, no donde quiera o en las mejores escuelas, sino donde pueda. Usted debe hacerlo donde su clase social se lo permita y, el logro de sus hijos será siempre el mismo, el más bajo, o el más alto si su salario es mayor a los $100 000 pesos mensuales. Usted puede elegir (claro si le alcanza su dinero): privadas o privatizadas. La elección muestra, nuevamente, la incompatibilidad histórica entre la democracia y el capitalismo: ¿de verdad se puede elegir? Si no se respetan los derechos fundamentales, ¿puede haber democracia? Una educación diferenciada por clase social sólo beneficia a los de siempre y perjudica a todos.  

Picaporte

Muchas miradas sobre la conductora de televisión que dijo lo mismo que una secretaria de Estado. ¿No será que la orden era exponer a la primera, para ocultar la insolencia de enunciar la importancia de “los paisanos oaxaqueños” migrantes en la manutención de este país, ante la caída del peso frente al dólar y de los precios del petróleo?

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