Agobiado, abrumado por la chamba y la carga burocrática que genera la dependencia bajo su encargo, harto por las posturas adoptadas por maestras y maestros disidentes y por las actitudes asumidas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Aurelio Nuño Mayer, encargado del despacho educativo de la administración que encabeza Enrique Peña Nieto, atestigua, foto de por medio publicada en la cuenta de Twitter @rtovarydeteresa, el anuncio mediante el que el titular del ejecutivo federal comunica), a la Nación (Diario Oficial de la Federación, 16-12-2015), el “DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.”. Rubricado por Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, turnado el día anterior a la oficina del titular del ejecutivo federal por José de Jesús Zambrano Grijalva, Verónica Delgadillo García, diputados federales, Roberto Gil Zuarth, María Elena Barrera Tapia, senadores, todos ellos miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el decreto que modifica leyes y ordenanzas diversas para crear una nueva oficina, se presta a algunas suspicacias en aras de justificar una alianza público privada.
En efecto, a más de “Organizar y desarrollar la educación artística”, “Patrocinar” todo tipo de eventos “de carácter científico, técnico y educativo;” en el más amplio sentido de la palabra, “Orientar” al gobierno federal en las diligencias deportivas y culturales que realice, “Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la industria editorial; (XXIX, artículo 38 LGAPF), “Promover” la producción de libros, películas y telenovelas –programas de televisión- “cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal” ” (XXX bis), a la Nueva Secretaría de Cultura le corresponde, entre otros, “el despacho de los siguientes asuntos:” -unos más importantes que otros pero todos relevantes- como, verbigracia; “conducir” la política y la realización y ejecución del programa nacional “en materia de cultura”, “proteger” que no concesionar a particulares, “los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos” (II, artículo 41 bis) como ya sucede con el préstamo y el alquiler de sitios arqueológicos para fiestas particulares o para eventos, conciertos “patrocinados” y/o auspiciados por televisa y/o televisión azteca, “Coordinar … las acciones” que en materia de “investigación científica”, enseñanza universitaria, “cultivo” y divulgación de las bellas artes en todas sus ramas lo mismo que de la “arquitectura”, “organizar bibliotecas públicas” ignorando salas y sitios de lectura a cargo de particulares o de otras dependencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, “Proponer” a la Secretaría de Educación Pública por ser la dependencia que los autoriza, “programas de educación artística a la Secretaría de Educación Pública, que se impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorporados”, “fomentar” la conservación de las “lenguas indígenas”, “impulsar la investigación conservación y promoción de la historia, las tradiciones y el arte popular;”, generar medios cuyo objetivo fuese el de difundir y desarrollar la cultura “atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;”, “Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países;” incluidos temas seguramente, vinculados a la movilidad estudiantil de carácter internacional en los rubros de su competencia cuestión que difiere de la función de beneficencia pública asumida por la SEP en beneficio de instituciones extranjeras, no prevista en la atribuciones de la nueva dependencia de la administración pública federal pero que podrían ser agenciadas como compromisos previos enajenados en lo sucesivo a la Secretaría de Cultura. “Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos” para difundir y promocionar todo lo relacionado con sus “asuntos”, entre ellos los de las bellas artes, la letras, el conocimiento previo de las culturas asentadas en el territorio nacional, que distasen lo suficiente de las visitas “obligatorias”, ordenadas por la SEP como parte de los programas de estudio de diversas asignaturas, que niñas, niños y adolescentes debiesen realizar y que se convierten en una vacuna en sentido contrario. Apropiarse de las televisoras y radiodifusoras que se encuentran en posesión del gobierno federal, “que transmitan programación con contenido preponderantemente cultural,”, “Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país,” al margen del gusto por él, cuestión que debiese fomentarse desde la más tierna infancia, “Otorgar becas” para cursar estudios en el extranjero, “Promover e impulsar,” el uso de las “tecnologías de la información y comunicación para la difusión y desarrollo de la cultura,” independientemente de que el acceso al uso del Internet sea caro, financieramente hablando, con mala cobertura y plataformas, incluidas las dedicadas a la promoción de la cultura, que se privatizan der manera acelerada a pesar de los convenios firmados por dependencias gubernamentales que señalen lo contrario, hacerse cargo de las cuestiones relacionadas con los derechos de autor,
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“Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;” por lo menos en las atribuciones formales, a pesar de la oposición de la iglesia católica, usufructuaria privada y dilapidadora por omisión, en la seguridad de los templos, de una gran cantidad de bienes nacionales que son sustraídos subrepticiamente.
Pero, por si no fuese suficiente, a la nueva dependencia le corresponde la facultad de “Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, en asuntos de su competencia, (XXIII.), lo mismo que “Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos públicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado;” (VII. Artículo 41 Bis) cuestiones que permiten la transferencia opaca de recursos financieros públicos a fundaciones privadas y la enajenación de bienes propiedad de la Nación a particulares, sujeta tan sólo al criterio de los gobernantes.