La corrupción ha permeado todas las instituciones políticas y de gobierno, sigue siendo un soporte en el ejercicio del poder político de gobernantes autoritarios y antidemocráticos. Una sociedad corrupta no pude ser sino una sociedad en estado de descomposición y necesariamente la impunidad y complicidades de los hombres que ejercen poder político se expresa de manera cotidiana. Es innegable una crisis de valores y falta de ética pública en los gobernantes, Puebla no está exenta de esta condición, en la recta final del ejercicio del poder político de Rafael Moreno Valle Rosas y teniendo como contexto la sucesión gubernamental, en 2016, los ciudadanos conoceremos más detalles de prácticas corruptas de nuestras autoridades. El combate a la corrupción es uno de los mecanismos que poseen las democracias modernas para la vigilancia y control de la función pública, adicionalmente existen como mecanismos institucionales la rendición de cuentas, el respeto a los derechos humanos y el acceso a la información pública, elementos necesarios para tener una efectiva supervisión y control del actuar gubernamental, su interacción hace posible que el gobernante sea jurídica y políticamente responsable de sus actos.
Ríos de tinta y miles de litros de saliva se han vertido sobre la corrupción, de tal suerte que el escándalo social de la corrupción de nuestros gobernantes ha significado legislar y crear el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene como objetivo prevenir, controlar y sancionar los actos ilegales cometidos por servidores públicos.
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Sin distingo de ideología y colores partidarios durante décadas en el Estado de Puebla uno de los cuestionamientos centrales respecto al funcionamiento del sistema político ha sido en el sentido de que una de sus bases de sustentación y reproducción fue y es la corrupción, a tal grado que la disputa en las contiendas electorales es demostrar que gobernante fue el más corrupto. La compra de conciencias, lealtades, enriquecimiento ilícito, asignación de puestos de representación y espacios en la estructura gubernamental marcaron un comportamiento que socialmente es considerado como una práctica de los políticos relacionados o vinculados con la estructura de poder en sus diferentes niveles, dicho de otra manera le es inherente a su naturaleza.
La asociación entre el ejercicio del poder político y prácticas al margen de la ley, han significado para quien gobierna un costo político, en tanto el Estado de Derecho se vulnera al no combatir pråcticas de enriquecimiento inexplicable, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias, la utilización de recursos públicos para fines personales, etcétera. La dimensión de lo social de esta característica ha sido documentada en los diferentes medios de comunicación, teniendo un impacto en la opinión pública de tal envergadura que ha implicado reclamos ciudadanos para el establecimiento de normas jurídicas más efectivas para fincar responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios públicos, políticamente al término de una gestión, la denuncia, el encarcelamiento, se ha convertido en una fuente de legitimación y de equilibrio para quien llega como gobernante en turno.
En lo político electoral la corrupción se ha convertido en un medio para diseñar estrategias electorales, con el objetivo de incidir en el ciudadano para definir preferencias electorales, poniendo especial énfasis en campañas mediáticas, para asociar liderazgos o personalidades políticas, militancia partidaria con el ejercicio del poder gubernamental de que se trate. Creando así estigmas o prototipos para un partido político y sus dirigentes.
El escándalo y linchamiento político para evidenciar la imagen pública negativa de Rafael Moreno Valle Rosas y su partido en el poder, a través de las prácticas de militantes, dirigentes o funcionarios públicos se ha hecho presente en el gobierno del Ejecutivo del Estado de Puebla. Titulares de diferentes dependencias gubernamentales son motivo del escrutinio público, poniendo en cuestión su honorabilidad, eficiencia, transparencia y respeto a la legalidad en cuanto a la toma de decisiones, licitaciones y utilización de recursos públicos.
Si bien es cierto que la sucesión gubernamental y competencia ha creado un escenario donde la suma cero o suma positiva beneficia o perjudica a los futuros contendientes, ello no significa que la percepción que se ha creado alrededor del gobernador al posicionarlo ante la sociedad como un gobernante “brillante, moderno y visionario”, haya provocado un efecto inverso que deslegitima su labor gubernamental y como principal activo político del partido blanquiazul, sumido en una crisis política interna, derivado del sentido patrimonialista de su nuevo dueño, RMV.
En este contexto, el conjunto de medidas que se están implementado por el gobierno del estado para garantizar ante la sociedad poblana, la existencia de una gestión pública con un gran sentido social, transparente, racional, eficiente, apegado a la legalidad, son al final de cuentas un entuerto.
En suma, la corrupción es un indicio de que las estructuras gubernamentales no están operando correctamente. Pone en desconfianza la credibilidad de las instituciones fundamentales de un Estado, gobierno y sociedad, en esta tesitura el tan invocado Estado de Derecho se vulnera cuando el poder público no se somete al imperio de la ley, se impide la separación de poderes permitiéndose la impunidad y abuso de la autoridad, por lo que la legalidad del gobierno y las instituciones pierden su legitimidad. La corrupción afecta valores básicos de la sociedad, tales como la libertad y los derechos humanos.
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