La conmemoración del primer aniversario de la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero intensificó la discusión pública que ya había sido reactivada hace algunas semanas a raíz de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del gobierno mexicano.
Además del debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, el plazo de un año desde este terrible acontecimiento sin que exista todavía una solución razonablemente fundamentada y clara sobre el paradero de este grupo de normalistas y de las razones y los responsables materiales e intelectuales de este crimen, ha suscitado nuevamente una ola de movilizaciones y manifestaciones de protesta exigiendo la solución del caso e impugnando la llamada “verdad histórica” presentada por el ex Procurador Murillo Karam.
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En el momento en que escribo estas líneas, sábado 26 de septiembre de 2015 a mediodía, en la ciudad de México y en otras partes del país y algunas ciudades del mundo se están realizando magnas concentraciones para exigir justicia en este injustificable caso de violencia irracional que muestra la colusión de grupos del crimen organizado y sectores del gobierno y la actuación de las fuerzas del orden, encargadas de protegernos como ciudadanos, para perpetrar crímenes en contra de ciudadanos.
Al mismo tiempo que ocurren estas manifestaciones de protesta contra el gobierno se han alzado también voces que cuestionan –desde mi punto de vista algunas de ellas con razón- el uso político partidista de este caso para golpear al gobierno federal y la manipulación de la causa –justa y legítima- de los padres de familia que a un año de perder a sus hijos no tienen certeza sobre su destino.
El caso de Ayotzinapa ha sido este año un ejemplo claro –causado y a la vez causante- de la polarización creciente que nos divide como mexicanos prácticamente en todo lo que lleva este siglo veintiuno que inició con la esperanza de un cambio ante la alternancia en la Presidencia de la República y ha venido derivando en una enorme frustración y desmoralización social de la que ya me he ocupado en otras ocasiones dentro de este espacio.
Esta polarización es el caldo de cultivo que está contaminando la búsqueda legítima y necesaria de la verdad en el caso Ayotzinapa y en muchos otros casos de crímenes, corrupción, impunidad y violación de los derechos humanos que han ocurrido y desafortunadamente siguen ocurriendo con cada vez mayor frecuencia en prácticamente todo el territorio nacional.
Porque si bien es cierto que no existe la pureza y la neutralidad absoluta en la búsqueda de lo verdadero, también lo es que si se anteponen los intereses de grupo o partido, las ideologías, las filias y las fobias al auténtico deseo de responder a la pregunta sobre qué fue lo que realmente ocurrió, resultará imposible llegar algún día a saber la verdad porque cualquier prueba o evidencia que se aporte y no se ajuste a lo que estos intereses, ideologías, filias y fobias esperan y consideran conveniente va a ser desechada y refutada sin siquiera revisarse ni analizarse.
Esto es lo que desde mi punto de vista está ocurriendo en el caso Ayotzinapa y es lo que está produciendo cada vez mayor confusión en lugar de abonar a la claridad. Hay demasiado calor político particular que está impidiendo ver los pocos pero firmes destellos de luz que aparecen tanto del lado de la investigación oficial como del de los expertos internacionales.
Porque si bien hay elementos que la investigación de la PGR y su llamada “verdad histórica” dejó fuera en sus conclusiones y hay que exigir que se indaguen a fondo, también es cierto que en esa investigación hay evidencias, declaraciones, detenidos y pruebas de instancias internacionales creíbles –como los estudios de ADN de la Universidad de Insbruck que han mostrado la coincidencia de los restos de dos estudiantes con los restos calcinados encontrados en el Río San Juan- que abonan a la búsqueda de lo que ocurrió esa noche en Iguala.
Porque si bien hay elementos de distorsión y aún de manipulación en ciertos grupos sociales y políticos que se manifiestan en contra de la versión oficial, es igualmente cierto que muchos de sus cuestionamientos y de la insistencia en tomar en cuenta lo aportado en el informe del GIEI y de retomar los elementos que la PGR dejó de lado en su investigación son útiles y necesarios de atención si realmente se quiere llegar a la construcción si no de la “verdadera verdad histórica” –que a ella tal vez sea posible llegar muy en el largo plazo- al menos de una verdad jurídica bien sustentada y resistente a las legítimas dudas de los padres de familia y de la sociedad.
Pero mientras en esta investigación predomine la búsqueda del poder por encima del deseo de conocer lo que realmente ocurrió en “la noche más triste” de Iguala, el descubrimiento de esta verdad jurídica será prácticamente imposible y la auténtica justicia para estos jóvenes y sus familias seguirá sin llegar.