El pasado martes quedó instalado formalmente el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual será uno de los pilares fundamentales de la democracia en México.
Es producto de la nueva Ley en la materia que se promulgó recientemente y que hace tres años fue una propuesta de campaña del hoy Presidente Enrique Peña Nieto, en la que se planteó fundamentalmente que la opacidad en el ejercicio público es uno de los frenos más significativos para alcanzar un Estado moderno.
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La transparencia y la rendición de cuentas son la mejor manera de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones y en este sentido el Partido Revolucionario Institucional ha sido muy claro en voz de nuestro dirigente nacional César Camacho, quien señaló que ahora todos estamos en una vitrina y en un escaparate, lo cual implica que habrá mayor calidad y eficacia en la representación popular y en la democracia.
La coincidencia es clara entre lo que el jefe del Ejecutivo Nacional ha venido señalando y el PRI como instituto político ha impulsado en los últimos tiempos, en el sentido de que es necesario abrir puertas y ventanas para que los mexicanos sepan cómo y en qué se invierten los recursos públicos.
De esta manera, el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública busca transparentar más la función de gobierno, auditar los recursos públicos, escudriñar el gasto de los partidos y sindicatos, e incluso de las fundaciones y agrupaciones civiles que reciben fondos federales.
Lo más interesante es que este sistema va a cubrir a todo el territorio, debido a que en el mismo están incluidos 36 organismos encargados de transparencia en el país. Más aún, el sistema tiene la particularidad de que será nacional, que no federal, es decir, tendrá influencia sobre las entidades estatales.
La mayor responsabilidad es hacer operativa la nueva Ley General de Transparencia que, entre otros aspectos incrementa el número de sujetos obligados que deben brindar información vía INAI, y que también obliga a los partidos políticos, sindicatos y demás agrupaciones que reciban dinero de la Federación a rendir cuentas a cualquier ciudadano que solicite la información.
Estamos, pues, frente a un escenario inédito en el país, con una ley y un organismo de avanzada que pone en marcha una plataforma democrática de vigilancia y observación sobre los fondos públicos.
Los ciudadanos durante años han manifestado de diferentes maneras que la corrupción y la opacidad debilitan a las instituciones, laceran la credibilidad de los gobiernos y entorpecen el desarrollo social y productivo en los municipios y los estados.
Esta es una respuesta de fondo, transformadora y de futuro.