La transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales en la vida de los países democráticos. Sin ellos no hay democracia. Los gobernantes de esos países, tienen la obligación, ineludible, inexcusable e invariable, de sujetar su actuación pública al escrutinio de sus gobernados.
En el México de los gobiernos autocráticos, en el México del presidencialismo absolutista y omnidireccional, disfrazado con ropaje revolucionario, la trasparencia y rendición de cuentas, fue inexistente. La alternancia en la Presidencia de la República, que se produjo el 1 de diciembre del año 2000, creó las condiciones necesarias para implantar un gobierno de apertura y actuación democrática.
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La promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en el año 2002, aun con sus deficiencias e insuficiencias, fue el parteaguas entre dos países: uno que se aferra a continuar viviendo en la antidemocracia y otro que quiere abrir camino hacia una vida de libertades plenas.
Esta ley sitió a México en una posición moderna y avanzada, al otorgar a los mexicanos, sin distinciones de ninguna índole, la facultad de solicitar, y en su caso, exigir, así como también el derecho a obtener, información de todos los actos gobierno.
No ha sido tarea fácil conseguir, en muchos o muchísimos casos, información pública gubernamental. A poco más de 10 años de promulgada la ley de Transparencia, todavía existen barreras insalvables y obstáculos que impiden a muchos ciudadanos obtener la información pública gubernamental que solicitan. Existen instancias de gobierno, como la Presidencia de la República y las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Energía, que recurren a la artimaña de declarar inexistente la información solicitada, para negar su entrega, en los casos que consideran pudiera ser comprometedora.
El presidente Enrique Peña Nieto, en cuanto discurso puede, se asume como defensor de la transparencia y rendición de cuentas e intransigente enemigo de la opacidad. Tan buen resultado le ha dado esta estrategia mediática, que en septiembre de 2014, fue designado presidente de The Open Government Partnership (Asociación de Gobierno Abierto). Sin embargo, en el terreno de los hechos actúa en dirección opuesta a sus discursos. Sin transparencia, sin rendición de cuentas y con evidente opacidad, según se demuestra más adelante.
La visita de Estado del presidente Peña al Reino Unido, el mes de marzo de este año, provocó indignación por los excesos que cometieron su esposa e hijastras, al asistir a los eventos protocolarios que la realeza inglesa ofreció al mandatario mexicano, luciendo lujoso vestuario y costas joyas.
Por si ese derroche de fondos públicos de que hizo ostentación la familia presidencial, no fueran suficientes para ofender a millones de mexicanos que se encuentran dentro de los índices de pobreza, la Presidencia de la República financió la publicación de un frívolo y costoso reportaje fotográfico, de 21 páginas, donde, en un acto de evidente descortesía, aparecen 38 fotografías de la esposa del presidente y sólo 11 de la Reina Isabel II de Inglaterra.
Para conocer el costo de ese reportaje, apoyado en la ley de Transparencia, solicité a la Presidencia de la República, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la entrega de una copia de la factura que ampara el gasto publicitario en cuestión.
La Presidencia de la República negó la entrega de ese documento, argumentando que al efectuar “una revisión exhaustiva del Presupuesto asignado a la Oficina de la Presidencia, no se (advirtieron) erogaciones presupuestarias por concepto de publicidad, con la revista ¡Hola!...” Posteriormente, el comité de información de la Presidencia de la República confirmó la supuesta inexistencia del documento solicitado.
Es incuestionable que, independientemente de la inexistencia que invoca la Presidencia de la República para justificar su negativa a proporcionar información pública gubernamental que por mandato de ley está obligada a entregar, la factura solicitada existe, toda vez que es un documento fiscal indispensable para comprobar y contabilizar el gasto de publicidad efectuado a favor de la familia del presidente Enrique Peña Nieto.
Otro caso de opacidad y falta de transparencia y rendición de cuentas aconteció en la Secretaría de Gobernación.
Solicité a esa dependencia del gobierno federal copia de la minuta de acuerdos correspondiente a la reunión efectuada, en la Segob, el día 19 de septiembre de 2013, donde participaron el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué; el líder de la CNTE, Rubén Núñez Ginés y el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
La Secretaría de Gobernación negó la existencia de esa minuta. Presenté un recurso de inconformidad. El IFAI revocó la respuesta negativa de la Segob y, días después, el comité de información de esa dependencia gubernamental, ratificó la inexistencia del documento requerido.
El 24 de marzo de 2015, es decir, 551 días después de la fecha antes referida, el subsecretario de Gobierno de la secretaría de Gobernación, Luis Miranda Nava, al comparecer ante la Comisión de Educación del Senado de la República, entregó al presidente de esa comisión, Juan Carlos Romero Hicks, un paquete de copias de 14 minutas suscritas con la CNTE. Entre esas minutas estaban 3, no sólo una, correspondiente a la reunión del 19 de septiembre de 2013.
Cosa que puso al descubierto la actitud mañosa de la Secretaría de Gobernación de negar la existencia de un documento que realmente existe.
Estos son dos ejemplos, comprobables, de la opacidad y falta de transparencia y rendición de cuentas, que prevalece en la administración gubernamental del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Aunque él, en sus trillados discursos, se asume como adalid de esos valores.
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