Con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional garante de estas materias (INAI) ha redoblado sus esfuerzos en materia de difusión, promoción y capacitación sobre los retos que para el Estado mexicano, con los diversos órganos públicos que en todos sus niveles se verán impactados por sus alcances. Como jurista, investigador y servidor público considero relevante y necesario que la reforma sea comprendida por todos los que de manera directa o indirecta tendrán en sus manos, la posibilidad de llevar a este país a un nuevo esquema en materia de Transparencia, bajo los principios Constitucionales, que dicho sea de paso provienen del avance internacional en la materia: seguridad y certidumbre jurídica, eficacia, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo; todos los anteriores considero se resumen en dos: legalidad y transparencia de todos los sujetos a la norma.
Frente a todos los retos que la Transparencia tendrá que sortear para permear en nuestro país, en esta ocasión referiré los dos más relevantes, desde el enfoque personal con las reflexiones que cualquier ciudadano podría externar ante menudo trabajo que el INAI se propone… pues no sólo implica emitir razones jurídicas que se traduzcan en sanciones administrativas y penales, sino instrumentar un entramado mega sistema con tintes de materia archivística, contable, jurídica y tecnológica, que se vuelva herramienta más que de transparencia, de combate a la corrupción.
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Después de conocer la propuesta de Isaac Damsky para desregular la sobre cargada normatividad administrativa en los países del tipo ius positivista, me quedó claro que en México había mucho trabajo por realizar en la administración pública. Cuando surgió la reforma en materia de Mejora Regulatoria una esperanza por cambiar el paradigma en materia de normatividad administrativa parecía llegar al gobierno mexicano… sin embargo, la nueva ley general en Transparencia retoma la tradición de la regulación y puede llegar al punto de volverse excesiva. Alrededor de 24 menciones en la ley permite la emisión de criterios por del INAI, el Consejo Nacional de Transparencia (donde participan los órganos garantes de los Estados, como es el caso de la CAIP en Puebla) y el Sistema Nacional de Transparencia (donde participará INEGI, el Archivo General de la Nación y el Consejo Nacional), para dejar en claro los muchos temas que esta ley detona. A lo anterior se tendrá que sumar la aún pendiente reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con su reglamentación, las reformas a las legislaciones en los estados, que también incluirá más regulación, criterios y políticas. Diversos artículos indican la necesidad de homologar criterios, como el caso del artículo 52 que indica al Sistema equiparar los procesos para el uso de los sistemas por parte de los usuarios, o el artículo 61 que le indica establecer los formatos para homologar la información que se requiere colocar en los portales de transparencia… estas situaciones abren la puerta a más más políticas públicas y normatividad administrativa.
El segundo problema se encuentra en la interpretación jurídica, situación que vemos plasmada en el capítulo VII de la nueva Ley, que en resumen prevé que el Instituto podrá a través de su facultad de alzada, para establecer “criterios de interpretación en el orden administrativo”, de carácter orientador para los órganos y sujetos locales; sin embargo, el inconveniente no tiene su origen en la Ley, sino en la propia ciencia del derecho, toda vez que como tal el derecho siempre se encuentra sujeto al método de interpretación del operador jurídico. Diversas tesis y jurisprudencias tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA), reflejan la reforma constitucional al artículo 1º con la cual se torna aún más extenuante el tema de la interpretación al incluir el principio “pro persona”, el cual señala que los valores, principios y derechos materializados en las normas deben ser interpretados desde el plano superior de los derechos fundamentales, siendo entre otros, el acceso a la información pública; en este sentido, los “criterios” del INAI podrían convertirse más en un candado que en una llave para los ciudadanos para acceder a la información, ya que en el mismo tenor la SCJN ha señalado que no necesariamente todas las cuestiones planteadas por los gobernados deberán ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera argumentando una interpretación más amplia que aduzca una constitución de derechos fundamentales que no se encuentren previamente plasmados en las reglas de derecho aplicables. Derivado de esto, la “interpretación administrativa” que pretende llevar el Instituto, se torna en un problema añadido, no solo al acceso a la información pública, sino al sistema jurídico mexicano, que derivado de sus lagunas legislativas, debe recurrir a “criterios”, “tesis” y “jurisprudencias” para completar ordenamientos inacabados y emitidos al vapor.
Idealizar a la reforma sería dejar a un lado los retos que trae aparejada, sin embargo como ciudadanos comprometidos con nuestro país, serán muchos más los que con motivo de esta reforma, sentirán más interés por revisar los contenidos de los portales de transparencia, realizar solicitudes de acceso a la información, conocer en que consiste el derecho a la información, el respeto y cuidado a los datos personales… en fin, más allá de la norma, será la difusión de estos temas y el interés que mostremos como ciudadanos, lo que nos permitirá avanzar en la construcción de la Cultura de la Transparencia, no sólo en el enfoque público sino también en el privado y en las actividades cotidianas de cada uno de nosotros.
Como siempre, ha sido un placer saludarles y continuar promoviendo la cultura de la Legalidad. Estaremos dando seguimiento a las dudas que gentilmente nos expresan de estos y otros temas, así como a sus comentarios y sugerencias en: normapimentel@hotmail.com