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OPINIÓN

Evaluación y confusión

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Juan Martín López Calva

Doctor en Educación UAT. Tuvo estancias postdoctorales en Lonergan Institute de Boston College. Miembro de SNI, Consejo de Investigación Educativa, Red de Investigadores en Educación y Valores, y ALFE. Profesor-investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Lunes, Junio 15, 2015

El terrible desacierto –obligado por la Secretaría de Gobernación, según parece- de la Secretaría de Educación Pública al anunciar la suspensión indefinida de la evaluación establecida en la ley del servicio profesional docente y desdecirse un día después de las elecciones aduciendo razones inverosímiles, ha provocado el resurgimiento de la ola de oposición a este proceso desde los grupos de poder ligados al magisterio y los medios de comunicación ligados a todas las causas políticamente correctas.

Si bien resulta sano el análisis y el debate sobre la evaluación y sobre todos los demás temas ligados al proceso educativo y a la reforma propuesta por el gobierno actual, este debate tendría que orientarse a la mejora de los planteamientos, herramientas, instrumentos y procedimientos para contar con un sistema de evaluación cada vez más sólido y pertinente que facilite la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la calidad educativa en lugar de seguir estancado en las posturas extremas a favor o en contra de su instrumentación.

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Pero hasta hoy los intereses políticos parecen seguir predominando sobre el genuino interés en la formación de calidad de las nuevas generaciones para la construcción de un país capaz de afrontar los retos de este cambio de época. Del lado del gobierno, los intereses políticos llevaron al anuncio de la suspensión de la evaluación docente y a su posterior restablecimiento; del lado de los opositores, los intereses políticos siguen sembrando confusión respecto al concepto que sustenta la evaluación y sus finalidades.

Durante la semana pasada, a partir del anuncio del Secretario de Educación Pública sobre el restablecimiento del proceso de evaluación docente, en los diarios impresos y electrónicos así como en las redes sociales han circulado materiales que abonan a esta confusión. Veamos algunos ejemplos.

Un cartón de un prestigiado caricaturista de izquierda mostrando al titular de la SEP con un enorme palo coronado con la punta de un clavo y definiendo la evaluación como represión, notas de un portal de maestros “insurgentes” descalificando a la titular del INEE por el supuesto monto de su sueldo y retándola a que diga en qué teoría pedagógica se sustenta la afirmación de que los profesores son el elemento central del proceso de aprendizaje, un diario de “vanguardia” que publica un artículo donde se afirma que la SEP es “rehén de Mexicanos primero”, un “meme” publicado incluso por el portal de una periodista líder de opinión entre los sectores progresistas de la sociedad en el que una profesora desafía al presidente para que hagan “el mismo examen” y el que repruebe renuncie a su puesto, otro que muestra a diputados y profesores y comparando sus respectivos sueldos pregunta: ¿a quién debería evaluarse? , otro artículo en el portal de la “insurgencia magisterial” que afirma que la evaluación está diseñada para despedir docentes, etc.

Visiones distorsionadas sobre la evaluación que son producidas o diseñadas para producir confusión y oposición a éste que no es más que un mecanismo normal que se aplica para conocer las fortalezas y debilidades de cualquier actividad profesional o de cualquier institución u organización con fines de toma de decisión para la mejora.

La idea de evaluación como represión es algo arcaico, propio de la educación más autoritaria y tradicionalista que afortunadamente va siendo superada y que hoy ningún profesor medianamente formado concibe de este modo.

Por otra parte, la centralidad del docente en el proceso de aprendizaje, que es una idea en la que se fundamenta la necesidad de evaluar a los profesores ha sido planteada prácticamente en todas las teorías pedagógicas desde Platón hasta el constructivismo y cualquier persona que lea un libro introductorio de evaluación tendrá claro que no es pertinente ni lógico aplicar una misma evaluación a personas que desempeñan funciones distintas. Es evidente que los conocimientos y las competencias que requiere un docente son totalmente distintas a las que necesita un presidente de la república o un diputado y habría que diseñar instrumentos idóneos para evaluar a cada quien en sus propias funciones.

La confusión que se pretende sembrar en el tema de la evaluación docente no beneficia a nadie más que a los que han detentado por décadas el poder de decidir mediante mecanismos totalmente opacos el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores dentro del sistema educativo mexicano. Esto es lo que hoy necesita cambiar para definirse a partir de procesos de evaluación claros, sistemáticos y transparentes que deben sin duda someterse a discusión y a debate en sus métodos, instrumentos y formas de aplicación. Lo que no deberíamos, si aspiramos a ser un país moderno y democrático, es seguir cuestionando la necesidad de su existencia y alentando la necia oposición a su aplicación.

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