La centralización administrativa emblemática de las políticas del New Deal, se erigiría por su parte en uno de los tópicos impugnados y combatidos por la denominada “revolución conservadora” iniciada en la década de los años 80.
En tal tesitura, la reforma educativa formulada por Ernesto Zedillo Ponce de León, en su carácter de secretario de educación pública y que habría cristalizado mediante la conducente expedición, el 13 de julio de 1993, de la Ley General de Educación, invocaría como una de sus grandes virtudes políticas, precisamente la descentralización del gasto público en materia educativa.
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Los convenios de descentralización de atribuciones previstos al efecto en el artículo 116 de la Constitución, así como una posterior reforma a la Ley de Coordinación Fiscal; se erigirían en instrumentos claves y fundamentales para que la tesorería de la federación transfiriera a los diversos estados las partidas conducentes destinadas a cubrir nóminas magisteriales y gastos de inversión y mantenimiento en la infraestructura destinada a los espacios escolares.
Las bellas semblanzas de las pastoriles autoridades locales en constante y permanente contacto con los gobernados a la manera del drama “Guillermo Tell” escrito por el poeta alemán Friedrich Von Shiller; no habrían de ser en realidad, sino el antifaz tras el cual, la consabida “revolución conservadora” habría de ocultar la claudicación presupuestal del estado en rubros de vital importancia como la educación y la salud.
Exhibir superávti fiscal en las finanzas federales ante los acreedores del país se erigía en una imperante necesidad política, dado el contexto histórico en el que se habría expedido la Ley General de Educación en 1993, y transferir la carga presupuestal a los estados al unísono de que la asignación respectiva permitiría disminuir los montos destinados al gasto educativo, conformó a la sazón un vulgar truco contable que permitiría en mucho alcanzar el objetivo en cuestión.
Los estados por una parte iniciaron entonces el camino en escalada hacía el sobreendeudamiento, al unísono de que los caciques locales convirtieron embelesados en mera “operatividad electoral” , el liderazgo social que de tiempo atrás había sido emblemático de los maestros.
Tuvimos en aquella ocasión una reforma presupuestal que se oculto tras el noble propósito de la educación pública, y cuyas consecuencias a largo plazo han resultado del todo contraproducentes; exactamente en la misma medida y proporción en que hoy por hoy, tenemos una reforma laboral regresiva que sustituye la seguridad en el empleo por la precariedad laboral, tomando nuevamente a la educación pública como pretexto , resultando por demás obvio , que la precariedad laboral de los docentes no contribuirá en nada a mejorar los estándares educativos, sino acaso, precisamente a todo lo contrario; mientras que, nadie, absolutamente nadie, atiende a los programas educativos , siendo éstos el instrumento que se hace necesario atender para revertir la decadencia cultural a las que nos ha orillado, precisamente, la implementación de las medidas aconsejadas por la denominada “revolución conservadora” desde hace más de treinta años.