El 14 de noviembre de 2012, siendo todavía Presidente Electo, Enrique Peña Nieto envió a través de las bancadas del PRI y PVEM la iniciativa para la Ley Anticorrupción, atendiendo a una de las demandas más sentidas de la población durante la campaña y promoviendo así un instrumento para combatir a uno de los más grandes enemigos de la competitividad en México.
Ayer, en el Congreso del Estado se aprobó la Ley Anticorrupción que previamente había sido discutida y votada en el Congreso Federal, una de las iniciativas de vanguardia que hoy le dan una perspectiva de modernidad y crecimiento a nuestro país.
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No menos importante que las reformas energética y de telecomunicaciones, ni tampoco menos necesaria que la reforma educativa y la de transparencia.
Este salto hacia una legislación de vanguardia tiene su origen en la pérdida de la credibilidad de las instituciones en México a causa, en gran medida, de la corrupción.
Hasta el día de hoy no había un marco normativo de gran alcance que combatiera eficazmente esta práctica nefasta.
Entre los múltiples aspectos que deben destacarse se encuentra la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que estará conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana.
Además, ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción, pero además ser motor para las sanciones a los funcionarios públicos que hayan fallado a la confianza de los ciudadanos.
Con esta reforma, se amplían los poderes de la ASF y se le confiere facultades para auditar “en tiempo real” e investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción. En tanto, también ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Federal serán los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción.
Otro tema que resulta relevante es que la ASF podrá investigar el uso de los recursos provenientes de las participaciones federales, que son distribuidas en los estados, con mayor profundidad y también tendrá gran impacto sobre los particulares, pues la Constitución prevé las sanciones por faltas administrativas graves o actos de corrupción.
También hay cambios del orden administrativo, pues el Secretario de la Función Pública será ratificado por la Cámara de Senadores a propuesta del Presidente de la República.
Estamos pues, frente a una ley que da un enorme paso al combate a la corrupción, que pone en otro contexto la actuación de los servidores públicos, pero también de particulares involucrados en el uso de recursos públicos.
Esta ley, también nos ratifica que avanzamos cada vez más a la etapa reformadora que estamos viviendo en poco más de dos años del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, con lo que se perfila a México como un Estado moderno y competitivo, al interior y a los ojos de la comunidad internacional.