Los hechos violentos de Jalisco configuran el mayor desafío del crimen organizado al gobierno federal. Pero eso no es lo grave, sino el hecho de que el grupo delictivo puso en jaque a todos los cuerpos de seguridad y dominó la situación.
Objetivamente, el saldo del ataque es a favor de los criminales.
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Es válido decir que sometió a los gobiernos y sus cuerpos policiacos de modo cruento.
Durante muchas horas la violencia organizada sembró el caos en 19 municipios de Jalisco. Pero también en regiones de Colima, Guanjuato y Michoacán. Practicamente, la zona metropolitana de Guadalajara estuvo bajo su hegemonía.
Hablamos de la segunda ciudad más importante del país.
Semanas y meses antes, este caos se enseñoreó en Tamaulipas, con expresiones levemente menores. Pero también ha ocurrido en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, y en Oaxaca con otro acento.
Para el caso es lo mismo: retos francos y abiertos sin respuesta eficiente.
Violencia crudelísima con incendios, bloqueos, crímenes y el derribo de un helicóptero.
Tan sólo en Jalisco, en menos de 2 meses, los cárteles de la droga han asesinado a 23 policías y soldados y desaparecido a 3 militares más.
Frente a esto los gobiernos federal y estatales han quedado anulados. Sin capacidad de respuesta eficiente. Y los habitantes sometidos, aterrorizados y humillados. La seguridad en manos de los criminales. La vida de la gente en vilo.
Esto, simple y llanamente quiere decir que el gobierno está perdiendo la guerra contra la delincuencia.
Ya nos pueden ofrecer informes edulcorados, con eufemismos para consumo del exterior. Ya nos pueden dar estadísticas y mensajes apaciguadores manipulados.
Lo cierto es lo que se ve y vive en la cotidianidad.
De qué sirve el alarde de fuerzas, “estrategias”, presupuestos y armamento que con frecuencia se anuncia y con ostentación se exhibe en una ciudad o estado sometido al acoso de la delincuencia, si los hechos no desaparecen. Ahí están. Con más estruendo y audacia, con mayor beligerancia y osadía.
Y se dan brotes sorpresivos, masivos, actos relámpago magistralmente coordinados por las bandas, exhibiendo una capacidad de organización y fuego que supera palmariamente al gobierno.
En teoría, la primera obligación de un gobierno es la salvaguarda de la integridad de los habitantes y asegurarles una convivencia pacífica.
Esto resulta torpedeado brutalmente un día y otro en ciudades, carreteras, centros comerciales, instituciones educativas, caminos y pueblos de todo tamaño.
Y la acción gubernamental es invariablemente reactiva.
Con protocolos absurdos donde va por delante la palabrería hueca formada por promesas de orden y castigo; y acto seguido los ruidosos homenajes a soldados y policías profusamente difundidos, mientras el ciudadano común y sus bienes quedan a la deriva, sin preocupación de nadie. Nadie repara daños y compensa a víctimas civiles ajenas a los conflictos.
Si admitimos que eficiencia “es la capacidad de disponer de alguien o de algo para obtener un efecto determinado”, queda perfectamente claro que el gobierno queda anulado por los delincuentes, a pesar de los cientos o miles de policías y soldados, armamento y equipo de que disponen.
Luego de estas terribles, dolorosas muestras de guerra o guerrilla delincuencial sorpresiva, resulta ridícula la respuesta gubernamental con desfiles de miles de efectivos, con equipo y armamento que lucen muy bien como adorno y regodeo, pero que en la práctica no son sinónimo de resultados positivos frente al otro poder, el que reta permanentemente al Estado.
La incompetencia gobierna al país. Y la delincuencia organizada, con sus cómplices en las mismas esferas de poder, gana terreno cada día. Esto es lo real, lo demás es demagogia.