La inquietante turbulencia mediático-política que vive nuestro país, a raíz de los últimos y graves sucesos criminales en los estados de Guerrero, México y Michoacán, además de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, sin soslayar a Morelos, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León, permite dejar al descubierto los niveles y extensión de pudrimiento que enferman a todo el sistema político mexicano.
No dudo que la gran mayoría de los mexicanos condene los absurdos homicidios que por sí solos demuestran los mínimos relictos de moral presente en esos grupos de regresión humana, aunque sean menos los paisanos que pueden darse cuenta que los hechos que nos indignan son parte de las inevitables consecuencias provocadas por el corrupto modelo político institucionalizado en nuestro país.
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Aún con escasas excepciones de representantes populares dignos de mención, cada uno de los partidos políticos a través de inmorales pero comprometidas redes de complicidad, se han apropiado en las cámaras locales y nacionales de legisladores, de los instrumentos previstos por la constitución para alejarse del interés social, ajustando las leyes de modo tal que les permitan maniobrar para alcanzar individualmente las grandes ligas del enriquecimiento, del poder y de la impunidad en cada espacio político y económico disponible por todo el territorio nacional.
De nada sirve ya que localicen con cierto grado de certeza a los normalistas oficialmente desaparecidos en Iguala, ni que aprehendan y sentencien a la pareja presidencial de tal municipio junto con los presuntos asesinos. Tampoco servirá de nada si localizan a La Tuta en Michoacán, o encarcelan a los responsables de los asesinatos en Morelos, Estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Coahuila o Nuevo León. Mucho menos sirve si renuncia el procurador o el gobernador, o acaso el mismísimo presidente. No sirve de nada porque después de consumarse tales hechos, se mantienen las estructuras que han permitido el impune juego de intereses de grupo en el ejercicio de la función pública y aparecerán nuevos rostros con las mismas desviaciones.
No servirá de nada porque las instituciones de nuestro modelo democrático tanto en los poderes legislativos y judiciales estatales como nacionales, sirven en la práctica como instrumento de legitimación de los intereses del ejecutivo en turno conscientes que tal es el precio a pagar para alcanzar algún lugar en los niveles superiores de la red de complicidades e impunidad. De ahí la urgencia de tantos personajes en alcanzar la nominación a cualquier costa, a un puesto de elección popular sin tener nada que ofrecer a la sociedad.
Ni cómo entonces esperar que las chapucerías de los políticos de cualquier nivel y sus graves consecuencias sociales negativas se detengan, si no se cambian las estructuras políticas de todo nuestro sistema democrático. Vaya solución tan complicada. Por eso creo que ningún sistema "radical e integral" para combatir la corrupción como lo propone el PAN, ni un acuerdo por la seguridad y el Estado de derecho como el propuesto por el presidente Peña, y mucho menos un pacto de caballeros propuesto por algún representante de los empresarios, signifique algo más que otro convenio entre los mismos tramposos. Nada podrá servir mientras permanezcan las estructuras electorales que garantizan la manipulación del poder a los partidos políticos dejando de lado el interés, la conveniencia y la participación oportuna de la mayoría de la población en las acciones de gobierno. Las vías institucionales pues, no son la opción para que los ciudadanos puedan dar un golpe sobre la mesa y levantar la voz para decir Basta!
Creo que las opciones pacíficas e institucionales de reclamo social no lograrán cambiar nada en ninguna entidad federativa de nuestro país, porque las estructuras de la legislación son trampas que impiden el beneficio social pues están pensadas y legitimadas para que, precisamente por pacíficas, no trasciendan. Parecería que no hay caminos para la población.
Entiendo que las elecciones no son una opción pues obedecen a reglas que no contemplan alternativas al alcance del pueblo y sólo aseguran los privilegios de los partidos políticos. De ahí que se negocien candidaturas que después de la jornada electoral se convierten en los renovados instrumentos legitimados del poder que se encarga de negociar la justicia social en un contexto de descomposición y componendas.
Es aquí donde se dimensionan los conceptos analizados por el estadounidense Peter Gerderloos [*], que a través de su observación del pacifismo como medio para el cambio político, coloca a este en el plano de los falsos opositores al Estado y como parte del engranaje y estructuración del poder. En otras palabras, el Estado confía en el pacifismo de la población para continuar sometiéndola. Así pasa en otros estados del país y particularmente en estado de Puebla.
El rol que juega la manifestación popular pacífica como recurso institucional para lograr un cambio en las estructuras políticas y/o en las acciones de gobierno, sirve más para para consolidar la posición de los beneficiarios del poder. Ante el callejón sin salida, no sería raro que la sociedad adopte un camino alternativo como lo es la insurrección popular local. Me explico:
Está claro que los ciudadanos inconformes en cualquier momento pueden desconocer, al margen de las vías institucionales, a un gobernador autoritario, a sus diputados serviles y sus jueces a modo, a través de acciones que evidencien el rechazo popular a las estructuras y estrategias de gobierno. Una insurrección es una forma ciertamente abrupta, pero también un efectivo camino distinto al institucional que no cambia nada pero permite el libertinaje del poder. Muchas comunidades rurales en nuestro país hacen uso pacífico de este recurso político denominándolo asamblea comunitaria, sin necesidad de emplear ningún medio violento.
No veo cómo podría un mal gobernante impedir su dimisión inmediata cuando se encuentre con un plantón de 100 mil ciudadanos durante una semana frente a su oficina. Sin romper siquiera un vidrio, pero con una actitud firme además de una propuesta profunda y consensuada entre la población, tal vez podríamos ser actores y testigos en la construcción de una nueva sociedad más justa, armónica y simplemente honesta.
[*] Gelderloos, P. Cómo la no violencia protege al estado. Edicions Anomia. 2010. Barcelona.