Las recientes reformas constitucionales aprobadas por las cámaras de senadores y de diputados en diversas materias como la educativa, en telecomunicaciones, la política, hacendaria, financiera y energética, son exhibidas por los diversos actores, que ven en estas medidas grandes beneficios que permitirán, según ellos, conseguir en el corto plazo un mayor desarrollo y crecimiento económico en el país, el cual se reflejara en una mejora de la calidad de vida de los mexicanos.
Enrique Peña Nieto en su condición de presidente aprovecha en estos días previos al segundo informe de su gobierno todo el peso de los medios de comunicación para decirnos que su gobierno está moviendo a México y que gracias a estas reformas transformadoras aprobadas el país camina con paso firme y hacia un proceso más acelerado en sus metas económicas, sociales y políticas.
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Este paquete de reformas llamadas estructurales y que en el eslogan gubernamental se señala que moverán a México tienen antecedentes que explican del porque del apuro del régimen por facilitar a los corporativos privados internacionales su llegada para invertir en áreas estratégicas como las que se refieren a la generación de energía y explotación de hidrocarburos.
Y uno de estos hechos es que en el año 2000 al país le llego una de las mayores desgracias que la historia reciente registre, y me refiero al ascenso del panismo a la presidencia de la republica y con ello la frustración de la tan divulgada transición democrática en México, el contexto internacional en que se da la asunción al poder por parte del PAN, coincidió con el quehacer de emparejar y armonizar el proyecto del cambio político, con las necesidades apremiantes del poder económico transnacional.
La empresa privada tomaría la llegada del PAN a la Presidencia de la República como una victoria corporativa. En sus conjeturas, un gobierno comprometido con los intereses del capital, les facilitaría la vía para la privatización de los bienes públicos de la nación, a través de las reformas estructurales, las cuales son un medio engañoso para encubrir el programa global del fortalecimiento de las empresas privadas en detrimento de los países, los bienes públicos, los trabajadores y los ciudadanos. Ante este escenario se tiene en términos crueles, ha empresas multinacionales cada vez más y más poderosas que imponen sus intereses económicos y corporativos, por encima de soberanías, leyes, libertades y derechos.
La dificultad que la democracia les crea es que resulta más que un estorbo, porque se tiene que administrar, gobernar, conciliar y tratar con otros intereses, sobre todo con los populares, siempre fastidiosos e incómodos. Cuando la expectativa democrática es alta, los ciudadanos exigen y reclaman, el pueblo no se deja y se complica la aplicación de la agenda globalizadora de las empresas transnacionales. Entre otros motivos, los oligarcas optaron en el 2012 por el regreso del PRI al poder federal, para que la vía autoritaria les garantizara la consumación de otro paquete de reformas estructurales.
El PRI ofreció la falacia de ser un factor de estabilidad y gobernabilidad ante la crisis provocada por la guerra del sexenio de Felipe Calderón, contra el crimen organizado. Otra gran falacia, es que se presenta como la fuerza política que ha logrado los grandes acuerdos con los principales partidos como el PAN y el PRD, hoy corporatizados por el sistema y que nos acerca al otrora contexto político de un PRI autoritario, arbitrario, dominante y sobre todo protector de los intereses del capital global, poniéndose en contra del pueblo mexicano que se mueve en tierras movedizas neoliberales sembradas por los discursos engañosos de un presidente que pregona que estamos casi en el paraíso por obra y gracia de las benditas reformas.