La muerte del niño Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años, vecino de Chalchihuapan, Puebla, a consecuencia de un proyectil que destrozó su cráneo, es doloroso corolario de una cadena de realidades que vale la pena tener presente para juzgar socialmente tan inaceptable contingencia.
Empleando el método de análisis causa-raíz, es posible identificar la serie de inconsistencias de planeación, que habrían de resultar inevitablemente en un evento como el ocurrido a principios del mes en la Autopista Puebla-Atlixco. Para realizarlo se tomaron en cuenta información e imágenes difundidas por los medios de comunicación, con lo que pudo configurarse un esquema que permite identificar y analizar a cada uno de los factores que pudieron influir en el desarrollo de los acontecimientos, a saber:
El gobernador del estado y sus asesores envían una iniciativa al congreso sin argumentos de peso que ameriten la intervención legislativa. Tratándose de alguna irregularidad administrativa, como es el caso de la expedición de actas del registro civil, los procedimientos de gestión pueden corregirse por modernos sistemas centralizados sin necesidad de confrontarse con la población.
Ignorando la función que el modelo democrático les impone, los diputados del congreso aceptan la propuesta del gobernador sin detenerse a valorar las repercusiones que la iniciativa podría traer entre la población rural, soslayando su frágil condición económica y los valores culturales, cívicos y de identidad que serían trastocados. Magnificaron como únicas y concluyentes las razones de la iniciativa del poder ejecutivo estatal y la aprobaron.
Los presidentes de las juntas auxiliares, verdaderos conocedores de la realidad social de sus comunidades, manifiestan su inconformidad a través de manifestaciones públicas en diversos municipios del estado por la imposición de una disposición que afecta la vulnerable armonía política entre la población rural y el representante inmediato del gobierno municipal. Algunos logran el apoyo de los presidentes municipales.
La comunidad de San Bernandino Chalchihuapan y su presidente auxiliar acuerdan presionar a las autoridades para revertir la disposición oficial y deciden hacerlo interrumpiendo por cuatro horas la circulación vehicular en un punto de la autopista Puebla-Atlixco que cruza su territorio.
Al existir presunción de manifestaciones en diversos puntos del estado, la fuerza policial se divide y el contingente que se envía a la autopista Puebla-Atlixco es relativamente escaso. Los mandos administrativos y operativos de la SSP no han sido capacitados en el manejo de situaciones similares y no existen manuales de procedimientos que los orienten. Fracasan en la negociación previa.
La diversidad de criterios empleados por los mandos y la improvisación en los procedimientos para eventos de este tipo, plantean una táctica operativa que durante la operación acorrala a los manifestantes y no deja alternativa distinta al enfrentamiento.
Desviándose de la misión de despejar la vialidad, la fuerza pública ignora las opciones del diálogo y arremete desde luego contra los manifestantes, logrando además de retirarlos de la vialidad, daños en la integridad física de estos, que al no encontrar un camino para dispersarse, repelen la agresión.
La falta de cohesión operativa y el error en el planteamiento táctico, pronto provoca desconcierto en la fuerza pública que en un momento es superada por los manifestantes, quienes agreden a los uniformados. La situación influye en la decisión de la policía de emplear las armas para retomar el control, aun contra la población alejada de la vialidad. De manera incorrecta los proyectiles (contenedores de gases y balas de goma), fueron disparados en ráfaga directamente a los manifestantes y población, a pesar que esta forma de uso inhabilita sus propósitos de uso y pone en riesgo la vida de las personas.
Ante una serie de decisiones de gobierno basadas sólo en el ejercicio improvisado de la autoridad, ante una operación policial que requiere conocimiento, organización y disciplina, lo menos que podía esperarse eran resultados de cualquier orden y de cualquier magnitud.
Cada numeral de los citados arriba, por sí mismo merece un análisis ciudadano. En cada uno se pueden identificar importantes espacios de omisión en la función política y la administración pública estatales. Quizá lo más importante de este tipo de análisis es que no deja oportunidad culpar a inocentes de tan doloroso evento.
El desesperado interés del gobierno del estado por eludir u ocultar la grave responsabilidad de tener una policía que carece de los más elementales principios de organización, los hace acudir a cuanto argumento tienen a la mano, incluso los más absurdos. Pensar por ejemplo que por el hecho de no exhibir facturas de compra de los proyectiles estos no hayan sido adquiridos en otros tiempos o en otros lugares, es un insulto a la inteligencia; o que identificando a los oficiales de la policía antimotines que hicieron uso de las carabinas asignadas por sus superiores, es encontrar al culpable de los daños irreversibles a la integridad física de los participantes activos o pasivos en el incidente de Chalchihuapan, es un despropósito además de una omisión de procedimiento de investigación criminal y política.
Tengo la sensación de que este es un momento para la reflexión ciudadana. Necesitamos repensar nuestro camino como sociedad política: Mejor enterada, más participativa, más valiente, más digna.
