El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que en México el 45.5% de su población se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, careciendo del ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y con al menos una carencia social (en educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación). Mientras que en las zonas urbanas de México la pobreza afecta a 4 de cada 10 mexicanos, en el ámbito rural la proporción es de 6 de cada 10.
El reclamo de la ciudadanía es claro: combatir la pobreza de una forma más eficiente y reducir las desigualdades regionales. Particularmente cobra importancia la infraestructura de comunicaciones y transportes, que puede potenciar los efectos de inversiones públicas y privadas, y que determina en gran medida el contexto geográfico en el que se desenvuelven las y los mexicanos. Si bien los programas sociales han tenido éxito en focalizar su atención hacia las regiones rurales del país, aún persisten problemas asociados a infraestructura en comunicaciones y transportes que deben ser resueltos con un enfoque transversal e interinstitucional.
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El pasado 28 de abril el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, cuyo primer objetivo es “contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social”. Dicho Programa contempla acciones en materia de aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, puertos marítimos, trenes, centrales eléctricas, complejos petroleros, gasoductos, presas, hospitales, equipamiento urbano y desarrollo turísticos.
Instituciones como el Banco Mundial reconocen la importancia de contar con infraestructura de comunicaciones y transportes que llegue a las regiones más marginadas del país, reduciendo los costos de transporte, mejor acceso a los mercados, una mayor conectividad en materia de servicios básicos, generación de energía a menores costos y menor impacto ambiental, así como detonar inversiones privadas nacionales y extranjeras. La necesidad de contar con una mejor infraestructura es alta, como lo ha señalado el Presidente: “en calidad de infraestructura ocupamos el lugar 64 en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial”.
Entre los impactos que se busca con la puesta en marcha del Programa Nacional de Infraestructura se encuentran: atraer inversiones productivas -nacionales y extranjeras-, generar más empleos, elevar los ingresos de los hogares, reducir las brechas de desigualdad (en particular las geográficas, de acceso y de desarrollo rural), mejorar la provisión de servicios públicos y la calidad tanto de la vivienda como de los servicios básicos de ésta: agua potable, electricidad, saneamiento. El presupuesto destinado al Programa es destacable: 7.7 billones de pesos (o 7.7 millones de millones).
Los beneficios de invertir en infraestructura, en particular en los rubros mencionados, son directos en muchos de los casos. Los proyectos de agua potable permitirán incrementar el acceso a dicho recurso en las regiones marginadas del país. Mayores mecanismos de generación de electricidad permitirán reducir costos e incrementar la cobertura a la par de reducir el impacto ambiental. Las carreteras y trenes permitirán disminuir los costos de transporte de personas y mercancías. En el caso de los puertos marítimos y transporte ferroviario, la evidencia apunta a que éstos son los medios más económicos para trasladar mercancías.
El reto para los gobiernos estatales y municipales consiste en sumarse al esfuerzo del gobierno federal, fomentando inversiones que potencien los resultados de la puesta en marcha del Programa Nacional de Infraestructura. Proyectos como el Tren Transpeninsular en Quintana Roo y Yucatán podrán tener mayores impactos si se fortalecen las inversiones en proyectos turísticos en la región. Modernizar las refinerías de Madero, Minatitlán y Salamanca permitirá agregar valor a la producción de petróleo de México. El Plan Hídrico Integral de Tabasco permitirá reducir el riesgo de inundaciones en la región, protegiendo los activos productivos de miles de hogares.
Actualmente los gobiernos de las entidades federativas y municipios cuentan con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mismos que podrán ejercer para complementar las inversiones federales en materia de infraestructura, potenciando los impactos en la reducción de la pobreza, particularmente en las zonas donde más prevalece ésta. Cumplir con el objetivo definido por la administración presidencial depende en gran medida, de la coordinación entre órdenes de gobierno e instituciones, identificando esquemas de mezcla de recursos que permitan vincular acciones locales con proyectos de gran calado como los que propone el Programa Nacional de Infraestructura.