Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo. Pero murió de sed.
Facundo Cabral.
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Los diputados del Congreso Poblano pudieron haber escuchado a la ciudadanía, pero decidieron ignorar los cientos de amparos interpuestos contra la privatización del agua, las marchas, los foros, las recomendaciones. Decidieron disimilar la discusión y preparar la entrega de SOAPAP (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla) a manos privadas, ya se anuncian las repercusiones de tal aprobación del congreso local, entre ellas: incremento en las tarifas del servicio mensualmente, sin la necesidad de aprobación de nuestros “estimados” legisladores locales, el despido masivo de trabajadores de SOAPAP y su recontratación bajo nuevos términos jurídicos, como la eliminación de derechos de antigüedad. Sin duda estas modificaciones a las leyes orgánicas se contraponen a la Constitución Mexicana, por ejemplo: el artículo 115° fracción III, atribuye funciones públicas a los Municipios, entre ellas:
“Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.
Resulta que en la misma lógica de “adelgazar” al estado, el gobierno entrega sus responsabilidades a empresas que no tienen fines sociales sino de utilidad netamente empresarial. Se ha demostrado por experiencia en otros municipios como Saltillo, Coahuila, que la privatización del agua no mejora ni la calidad del servicio ni la del líquido. Es importante señalar que desde 1994 el manejo de este recurso se encuentra básicamente centralizado hacia el gobernador a través del consejo directivo de SOAPAP.
Pero lo más grave es la violación al agua como derecho humano, nuestra constitución señala claramente en el Artículo 1°:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente:
“El derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
Empero, el agua es objeto de mercado en botellas o en su distribución, el gobierno desconoce el artículo 4° constitucional cuando dice:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Pero todo argumento jurídico parece inútil, la privatización del agua sobrepasa la dimensión legal del problema. Sin duda, el esquema del conflicto se vislumbraba con la privatización de PEMEX, pues las grandes industrias requieren de grandes cantidades de agua, al igual las mineras, que ya suman 71 concesiones en toda la Sierra Norte Puebla.
Mientras en otros países como Ecuador y Bolivia se considera inconstitucional la privatización del agua. En México la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) promueve la modificación de la Ley general de agua y la Ley de aguas nacionales, beneficiando a la explotación de gas shale y las megaobras; proyectos que requieren millones de litros de agua. La propuesta de CONAGUA (entre muchas) elimina el enunciado que señala que el recurso es propiedad de la nación (de todos) y estipula que es del estado (permitiendo la entrega de concesiones).El próximo 22 de marzo, día mundial del agua, se aprobaran dichas modificaciones, mismas que permitirán legalmente la privatización.
El Instituto Mundial de Recursos cataloga al agua como un recurso de baja disponibilidad, y aun así, los gobiernos permiten, sabiendo que es necesario para la vida, que se contamine y gaste a mansalva por las industrias, se desentienden de la gestión y administración del agua permitiendo la mercantilización de la misma. Vender el agua es en esencia como vender el aire, lucrar con este recurso es privarnos de la vida misma. Esto lo han entendido muy bien en otras ciudades como San Francisco, que además de comprender la contaminación de los envases, valoran el agua como un derecho humano, por ello han prohibido la venta de agua embotellada, ofreciendo la alternativa de consumir el preciado liquido en bebederos públicos. Lamentablemente nuestro país se encuentra muy lejos de esta realidad, siendo el mayor consumidor de agua embotellada del mundo.
Todo lo anterior, demuestra la inexistencia de una política para el agua, en nuestro país 11 millones de mexicanos nos tienen acceso al agua potable y 24 millones carecen de sistema de alcantarillado. ¿Dónde están las políticas para el agua? Hace poco más de 10 años el agua se entendía como un recurso inagotable, a pesar de que sólo el 0.26 % de agua en el mundo, sirve para el consumo humano, hoy tenemos la misma cantidad de agua que hace tres mil millones de años, con la gran diferencia de que hoy se encuentra mal distribuida, contaminada y en poco tiempo, privatizada.
Es por ello que el siglo XXI tendrá que enfrentar un problema como nunca en la humanidad: las guerras del agua.