¿Por qué se considera a la reforma energética la madre de todas las reformas? Porque va contra una de las ideas vertebrales del nacionalismo revolucionario, la ideología en la que la mayoría de los mexicanos fuimos socializados en el siglo XX. Para esa ideología el Estado es el representante de la nación, y la propiedad estatal es sinónimo de bienestar público. Frente al interés nacional representado por el Estado están los intereses del imperio, Estados Unidos, golpeados fuertemente por la nacionalización del petróleo en 1938. Con menos fuerza está todavía presente la idea de que los sindicatos representan el interés popular.
Que sea ideología no significa que sea mera fantasía. Hay algún sustento en la realidad y en la lógica de estos argumentos. La cuestión es ese “algún” es decisivo, si el sustento de quienes se han movilizado para pretender impedir la reforma (y que representan las ideas de un amplio sector de la sociedad) es válido o no.
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El Estado ciertamente es el factor más importante de la nación, pero no el único. El interés nacional no es idéntico al interés estatal, y menos al de las personas que forman parte del Estado. La sociedad civil también es parte de la nación. Y, en algunos aspectos, genera bienes públicos que los organismos estatales no pueden generar.
Lo que no significa que el Estado deba hacerse a un lado. El gran reto para México hoy no está en más o menos Estado, sino en pasar del Estado propietario al Estado regulador: del Estado obeso a un Estado capaz de aplicar las leyes, de regular a los intereses particulares, de dar ordenamientos para que los intereses de los privados coincidan con el interés público. Esa labor de regulación es mucho más difícil que la propiedad monopólica que hoy existe sobre la producción y comercialización del petróleo y de la energía eléctrica.
Si el Estado es visto por el nacionalismo revolucionario como el representante de la nación, el enemigo principal son los Estados Unidos. Hay razones históricas para justificar esta visión. Pero no parecen suficientemente válidas hoy. Permitir la inversión privada en la extracción de petróleo y en la producción de energía eléctrica no tiene porque ser una entrega al imperio del norte. La verdad, no es tan poderoso como para apropiarse de todo eso.
Ciertamente una reforma privatizadora puede hacerse mal y favorecer a intereses privados a costa del bien público. Tenemos lamentables ejemplos de eso. Ahí, en el hilar fino, debe estar el debate. Pero los opositores a la reforma no han entrado en los detalles necesarios, se han quedado en todo o nada.
Derrotados en las vías institucionales, han optado por rechazar los mecanismos de representación democrática (las cámaras de diputados y senadores) y han optado por la fuerza: cercar para impedir que los legisladores hagan su trabajo. Otro rasgo del nacionalismo revolucionario: el menosprecio a la regla de la mayoría y a los mecanismos de representación “formal”. Ante los intereses de la nación no son nada. Hubo en los ochenta quienes hablaran de fraude (electoral) patriótico: robar votos para evitar que los que se consideraban enemigos de la patria llegaran al poder, aunque tuvieran el apoyo de la mayoría de los votantes. La cuestión es quién define los intereses de la patria. ¿Los que tienen mayor capacidad de movilización para cerrar calles e impedir el derecho al libre tránsito?
Bien se ha dicho que no sólo son los intereses poderosos los que impiden el logro de bienes públicos. También ideas poderosas, así sea sin fundamentos, pueden evitar a la sociedades hacer los cambios necesarios. Tal parecería que frente a eso estamos.
Profesor investigador de la UDLAP