La política social del Presidente Enrique Peña Nieto y de su gobierno, parte de reconocer que las decisiones centralistas y unilaterales no funcionan para resolver los grandes problemas de nuestra nación. Solo con la participación amplia de todos los actores y con construcción de sinergias, podremos ver resultados en la disminución de mexicanos en pobreza, reducción de criminalidad, reconstrucción del tejido social y el cerrar las grandes distancias sociales, para dar nuevo sentido a la palabra oportunidad. Estas tareas no son nada fácil, pero los planes del gobierno son ambiciosos y en el proceso de su construcción nos encontramos.
Pero para lograrlo hay que romper esquemas y renovar paradigmas. Precisamente dentro de estos debemos revitalizar conceptos tales como el federalismo, ya que hemos sido testigos de como nuestro país ha avanzado en los últimos años, hacia un régimen cada vez más descentralizado y en el cual estados y municipios han recibido mayores atribuciones, facultades y funciones. De tal suerte que han fortalecido sus haciendas –tal vez no en el grado que lo desearán- y han modificado su papel de manera sustancial. Hoy hablamos de tres órdenes de gobierno en el Estado Mexicano, que co existen y que pueden colaborar y coordinarse en el desarrollo de sus actividades gubernamentales, conforme a su naturaleza.
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Pero de los tres órdenes de gobierno, sin duda en el municipio es donde recaen las responsabilidades de ser el primer punto de atención de una ciudadanía, la cual muchas veces no distingue ámbitos de competencia, reclamando respuestas urgentes a los Ayuntamientos, que en múltiples ocasiones no cuentan con los recursos para resolver. Esto ha llevado a que se formen círculos de pobreza a nivel municipal e incluso regional, en donde las autoridades municipales solo se dedican a administrar la miseria y sin ninguna capacidad para incidir en el desarrollo social. La falta de capacidades y la disminución de éstas, conllevan a instancias de gobierno pauperizadas, sin formación profesional ni proyectos a largo plazo, víctimas de la improvisación y de transitar en su ejercicio de manera inercial, generandose más y más pobreza.
Porque si partimos que en promedio el municipio mexicano sobrevive hasta en un 80% de sus ingresos de los provenientes de las partidas federales –tanto de participaciones como de ramo 33- entenderemos porque a veces los alcaldes solo se sujetan a saber cuánto van a recibir de recursos de tal o cual dependencia, pero de manera dispersa, ejerciendo válidamente su derecho y obligación de aplicar los recursos públicos a nombre de sus conciudadanos. Pero al hacerlo dentro de este esquema tradicional, no logran potencializar ni avanzar realmente para disminuir los graves niveles de pobreza que abundan en la mayoría de los municipios mexicanos. Es decir, solo se prolonga el círculo de pobreza.
La deplorable situación en que viven millones de mexicanos en los municipios rurales, va aparejada precisamente por la falta de una política que revitalizara a la figura institucional del ayuntamiento, tomándolo como un agente generador de desarrollo. Es cierto que la problemática del municipio mexicano tiene varias lecturas de tipo político, a saber, periodos tan cortos y sin posibilidad de reelección, pero también es verdad que hubo ausencia de una verdadera política social con carácter nacional. Esto llevo a que Estados diseñarán sus propias estrategias y programas y a su vez los municipios, dando como resultado una auténtica torre de babel, en la cual hoy conviven más de 2000 programas sociales –datos Coneval- que tienen reglas y objetivos disímbolos, con el resultado que todos sabemos; esa multitud de programas no impactan ni mueven los indicadores de pobreza multidimensional contemplados en la Ley General de Desarrollo Social. La experiencia asimilada en el transcurso de este año, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, nos enseñó que si la política social del país no la empezamos a construir desde el municipio, no avanzaremos mucho. Que las sinergias, complementariedades, coordinación, articulación de recursos y programas deben de tener al municipio como base. Entonces, Estados y Federación podrán construir, juntos, una política social de verdad eficiente y con un enfoque municipalista. Este es el reto hacia el 2014.