Cuando se habla o escribe en los medios en contra de las prácticas viciadas, corporativistas y muchas veces ilegales o extralegales del sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE) o de la Coordinadora Nacional (CNTE) se tiende a afirmar que se quiere combatir la organización gremial de los docentes del país y que se desearía tener en el sistema educativo a maestros desmovilizados y desorganizados o que se plantea como ideal un magisterio ajeno a cualquier actividad política.
Sin embargo resulta imposible pensar en una educación aséptica y neutral en lo político porque de hecho, sin ser lo mismo, existe una relación dialógica, recursiva y retroactiva entre política y educación. No hay educación que no responda, desde el planteamiento del currículo hasta las formas de organización escolar y las prácticas en el aula, a determinada visión política –en el sentido amplio de la “polis” y organización de la ciudad, de la sociedad y también en el sentido particular de cierta orientación ideológica o partidista de quienes gobiernan en determinado momento histórico-, así como no hay posibilidades de hacer realidad una política -una visión de sociedad y de país- si no se hace operativa a través de la educación de los ciudadanos.
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De manera que como expresaban los pedagogos latinoamericanos de los sesenta y setenta del siglo pasado (Paulo Freire, Francisco Gutiérrez y otros), la educación es una praxis política y en ese sentido los profesores son actores políticos y tienen el derecho y la obligación de organizarse y participar políticamente, no en un sentido partidista sino con una postura social e ideológica que aporte elementos a la construcción de un mejor país.
Debe quedar claro entonces que cuando se critican las acciones y el poder extralegal que han tenido y siguen teniendo el SNTE y la CNTE o mejor dicho, las cúpulas y dirigentes de estas organizaciones, no se está cuestionando el sindicalismo o la organización gremial de los maestros sino un tipo específico, vertical, viciado, opaco y corrupto de sindicalismo magisterial.
Lo que se cuestiona y se ha reformado legalmente con los cambios constitucionales y las leyes reglamentarias es el control casi absoluto de la política educativa por parte de ambos organismos sindicales del magisterio –mayormente el SNTE pero también en sus regiones de mayor influencia la CNTE- y la captura de grandes montos de recursos del presupuesto público que debería estar destinado al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las escuelas y de la capacitación de los docentes y se utiliza, como lo ha documentado el informe sobre el (Mal)gasto educativo de la organización Mexicanos primero, a mantener a un enorme número de comisionados sindicales, dedicados a todo tipo de actividades, menos a las que tienen que ver con la educación de los niños.
La crítica está dirigida a un tipo de sindicalismo surgido del arreglo político entre un sistema de gobierno autoritario y corporativo que usó por décadas a los sindicatos de trabajadores de todos los sectores, incluyendo al de los maestros, como mecanismo de control político y de compra de votos a cambio, en el caso del SNTE, de una libertad absoluta, una carencia de evaluación y rendición de cuentas y una total ausencia del Estado en la rectoría del sistema educativo.
Los cambios legislativos realizados hasta ahora son, como hemos mencionado aquí reiteradamente, la condición necesaria pero no suficiente para construir una reforma educativa puesto que devuelven la rectoría del sistema al Estado mexicano, cuestión esencial para poder construir las condiciones para que una reforma educativa pueda realmente llegar a realizarse.
Sin embargo no es desdeñable el señalamiento del riesgo que existe desde el ángulo del gobierno ante el desmantelamiento del poder absoluto en el SNTE de Elba Esther Gordillo y su encarcelamiento, de que este cambio sea simplemente de nombres como sucedió con el antecesor de Gordillo en el SNTE, para cambiar a una lideresa incómoda para el gobierno en turno y poner otro líder más cercano y dócil.
No es descabellada la idea de que no se trate retomar la rectoría del sistema educativo por parte del Estado, sino simplemente de recuperar el control sobre los maestros como gremio por parte del gobierno, aunque el hecho de que se haya legislado la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) es un signo de que este temor podría ser infundado y que tal vez podamos al fin, tener una educación regida por el Estado y no controlada por una organización sindical o por el partido en el poder.
Sin embargo esta coyuntura que se plantea a partir de la caída del poder absoluto y vitalicio de Elba Esther Gordillo en el SNTE, tendría que ser la oportunidad para una reforma radical del sindicato que constituyera una (o varias) organización sindical renovada, democrática, transparente, que rinda cuentas a sus agremiados y que se convierta en un interlocutor social legítimo y alejado de intereses y complicidades partidistas.
El surgimiento de rupturas con la nueva dirigencia nacional que se ha dado en algunos estados podría ser, más allá de un síntoma de la descomposición indudable de un sindicato que ya no responde a los nuevos tiempos del país, una señal inicial, una semilla de renovación para reconstruir esta organización sindical del magisterio que será imprescindible para la realización de una verdadera reforma educativa a partir de los cambios constitucionales y legales realizados hasta ahora. Ojalá que así sea y que no se trate simplemente de la repetición de una película que hemos visto los mexicanos muchas veces.