Con el pensamiento en la severidad de los daños sufridos por muchos mexicanos de varias entidades federativas, es importante detenerse a observar la realidad que rodea a los escenarios de desgracia con que los fenómenos naturales nos han demostrado este año su potencial perturbador.
Sin duda que debe partirse desde el contexto local en el que se desarrollan los acontecimientos, porque las consecuencias no son las mismas en una comunidad que otra, ante una amenaza u otra similar o diferente.
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En términos generales pueden advertirse tres grandes espacios de análisis: El primero es el entorno geográfico-ambiental en el que las comunidades residen o desarrollan sus actividades; es decir, el tipo de estructura geológica, topográfica, edafológica, climática y los recursos naturales existentes. El segundo espacio de análisis está integrado por las formas en que esas comunidades, en la búsqueda de subsistencia y mejora de condiciones de vida, se relacionan con su entorno: sus formas de aprovechar los recursos naturales. Un tercer escenario estaría representado por los modelos de normatividad de la conducta social asumida por consenso entre sus integrantes; es decir, sus formas de organización política y cultural.
El estado de Puebla, igual que una buena parte del territorio nacional tiene ciertas características en su estructura y morfología geológica, así como de suelos, climas y bosques, que han sido sometidos a fuertes presiones de las demandas económicas sin detenerse a observar las limitaciones naturales. Si a esta situación le aumentamos las deficiencias en la planeación de la conducta social, es posible explicar el desequilibrio del sistema ambiental ante la presencia de los fenómenos atmosféricos recientes.
Estamos en Puebla ante un laberinto del que no queremos salir, a pesar de que las salidas están planteadas por la legislación en vigor como la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Cambio Climático y varias más que contemplan acciones preventivas, de adaptación y de mitigación que a pesar de involucrar a los tres niveles de gobierno, en Puebla hay omisión de su cumplimiento. Antes que pensar en impulsar acciones que reduzcan la posibilidad de daños a las comunidades poblanas, en el verano de cada año el gobierno del estado se prepara para solicitar recursos al Fondo de Desastres Naturales, (1,380 millones de pesos obtenidos en los últimos años, según nota de e-consulta, 23.09.13), lo que nos da una idea de la recurrencia de eventos, daños y damnificados.
A juzgar por los hechos, parece que es más rentable el manejo de recursos financieros por daños que la pérdida de vidas y competitividad económica en la ruralidad poblana. Apenas el 16 de septiembre pasado el gobernador solicitó a la CONAGUA que reconociera los daños producidos en el estado de Puebla por el huracán Ingrid a 138 municipios poblanos, pero algo pasó con la veracidad de la información enviada por el gobierno del estado porque la CONAGUA en su opinión técnica tan sólo validó a 31 de ellos, que son los que podrán justificar su acceso al Fondo de Desastres Naturales, que por cierto no alcanzan a administrar los municipios, sino el estado.
Aunque la federación ha venido apoyando parcialmente con recursos financieros a los municipios para la elaboración de sus atlas de riesgos, este esfuerzo es insuficiente porque hoy menos del 10% de los municipios poblanos cuentan con el documento. Si los habitantes de cada localidad conocieran los niveles de vulnerabilidad a que están expuestos por riesgos naturales, puede esperarse la apropiación social del problema y por supuesto, la democratización de la solución local. A partir de esta dinámica social se podrá ordenar el uso del territorio.
Mientras tanto los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos perturbadores con efectos adversos en territorio poblano se seguirán presentando; estos últimos según el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, podrán incluso agravarse en frecuencia e intensidad; es decir, para Puebla más fatalidades humanas, más daños a infraestructura, más damnificados, pero también más recursos del FONDEN, más obras. Padre, ¿no?
La indiferencia oficial será precursora por omisión de más pobreza y migración que conllevan los recurrentes efectos dañinos de los fenómenos naturales en el territorio poblano. Lo más grave de todo este asunto es que el mismo gobierno del estado y algunos ayuntamientos propician condiciones de agravamiento de la vulnerabilidad del territorio poblano; en un frente al no cumplir con sus obligaciones de cumplir las leyes específicas y en otro, al ejecutar obras públicas y permitir las privadas sin la evaluación de las consecuencias directas e indirectas de la compatibilidad con su entorno.
Queda la esperanza de que en algún momento puedan aplicarse las previsiones de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que consideran a este hecho como una conducta grave y un hecho delictivo, siempre y cuando nuestros representantes con facultades legales tengan valor para ello.