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El encuentro, realizado entre Meta y Caquetá, formaba parte de las negociaciones de la política de “paz total”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Foto: The Rio Times
El gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, se reunió el 22 de agosto de 2025 con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por alias Calarcá, un día después de que este grupo fuera señalado como responsable de un ataque con drones y fusiles que derribó un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, causando la muerte de 13 policías.
El encuentro, realizado en el caserío El Diamante, en los Llanos del Yarí, entre Meta y Caquetá, formaba parte de las negociaciones de la política de “paz total” de Petro.
La reunión, confirmada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, incluyó a delegados como Leopoldo Durán, jefe negociador de las disidencias, y Tomás Ojeda, coordinador político, además de Calarcá, líder del grupo.
Según reportes locales, el encuentro estaba programado desde el 15 de agosto y buscaba recolectar insumos para el séptimo ciclo de diálogos.
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El mismo día del atentado en Amalfi, otro grupo disidente, liderado por alias Iván Mordisco, perpetró un ataque con un camión bomba en Cali, dejando más de 10 muertos y decenas de heridos.
“Cómo va a ser que un día después de haber asesinado a 13 policías y sin tener en cuenta todo el historial terrorista de alias Calarcá, el Gobierno nacional diga que reabre las negociaciones con un criminal de semejante pelambre", publicó en su cuenta de X Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
El analista Andrés Preciado, de la Fundación Ideas para la Paz, atribuyó este tipo de problemas a la falta de articulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad, que operan sin una visión territorial integrada.
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La política de “paz total” de Petro, iniciada en 2022, busca negociar con diversos grupos armados, incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y bandas criminales en Buenaventura, Medellín y Quibdó.
Sin embargo, especialistas señalan que Petro está lejos de lograr el desarme de estos grupos. El único avance significativo ha sido con los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño, que prometió entregar armas y apoyar labores humanitarias como el desminado, el pasado abril.
La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reportó que, desde el Acuerdo de Paz de 2016, mil 494 menores fueron reclutados por grupos armados, un promedio de un niño cada 48 horas.
Además, la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios registró 109 eventos de confinamiento en el último año, un aumento del 7 por ciento en desplazamientos, 140 por ciento en ataques a misiones médicas y 27 por ciento en reclutamiento.
Las zonas de Cauca, Norte de Santander y Antioquia son los epicentros de estas confrontaciones. (PSR)