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Nación
Morena, PT, PVEM y MC defendieron la reforma, mientras la oposición señaló los riesgos de la iniciativa
Diputados con ataúd blanco con la palabra Morena
Foto: Cortesía
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 369 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como nueva autoridad reguladora del sector.
La minuta, enviada por el Senado, fue discutida en una sesión extraordinaria el 30 de junio y generó debate, con la oposición acusando al proyecto de promover censura y vigilancia, mientras Morena y sus aliados defendieron su enfoque social y de inclusión digital.
La nueva ley, que consta de 299 artículos y 32 disposiciones transitorias, busca renovar el marco legal que rige las telecomunicaciones, la radiodifusión y los servicios satelitales, promoviendo la cobertura universal y los derechos de usuarios y audiencias.
Además, prohíbe la transmisión de propaganda política extranjera en medios electrónicos, salvo en casos de promoción cultural o turística.
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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó en abril al Senado a que realmente se garanticen consultas inclusivas y consideren estándares internacionales en materia de libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas en la reforma.
Si bien el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) reconoció la necesidad de una reforma para abordar nuevas tecnologías, inteligencia artificial y la demanda de servicios más accesibles, criticó que la propuesta del Ejecutivo es una copia deficientemente adaptada de la reforma de 2014.
El Idet advirtió que la ley busca censurar arbitrariamente medios como radio, televisión, plataformas digitales y aplicaciones como TikTok, Facebook o X, comparando la situación con regímenes como los de Nicaragua y Venezuela.
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Ambas organizaciones señalaron que el Senado aprobaría la reforma con rapidez, sin debate y sin apertura a criterios claros, lo que podría permitir la administración politizada del espectro radioeléctrico.
Además, mencionaron que la reforma no reconoce explícitamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre el espectro ni la infraestructura en sus territorios, ni garantiza la comunicación con pertinencia cultural y lingüística.
La discusión en San Lázaro estuvo marcada por protestas de la oposición; diputados del PRI y PAN exhibieron un ataúd blanco con los logos de Morena y PT y una frase que decía “murió la libertad”.
El coordinador priista Rubén Moreira acusó a Morena de consolidar un “régimen de control, vigilancia y censura”, mientras el panista Miguel Ángel Monraz señaló que la ley permite la geolocalización en tiempo real sin orden judicial, amenazando la privacidad.
Fuensanta Guerrero (PRI) dijo que se pretende tener un órgano dependiente del Ejecutivo que tenga funciones normativas que le tocan al Congreso de la Unión, por lo que el poder ejecutivo legislará, regulará, fiscalizará y sancionará, es decir, todos los poderes se concentrarían en uno solo.
Desde que se dio a conocer la reforma, el senador Ricardo Anaya (PAN) ha tenido el posicionamiento de que aunque se eliminaron artículos como el 109, que permitía el bloqueo de plataformas; los 201 y 202, que implicaban censura previa; y los 56-58, considerados contrarios al T-MEC, aún hay preocupaciones por la geolocalización sin orden judicial y la censura “disfrazada” en medios, mediante la suspensión de transmisiones bajo el pretexto de violaciones a los derechos de las audiencias.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, previamente había pedido suspender tanto la reforma como el proceso de elección judicial, afirmando que la iniciativa busca crear una “una agencia de la censura”.
“Si no les gusta lo que tú dices, o si no les gusta lo que hagan en las redes sociales, Instagram o en TikTok, desconéctense, así te van a hacer”, dijo Moreno.
También agregó que el gobierno utilizaba la reforma como pretexto para combatir la injerencia extranjera tras la difusión de spots sobre temas migratorios donde aparecía Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con Morena, la reforma garantizará el acceso a internet en zonas marginadas, fortalecerá medios comunitarios indígenas y afromexicanos, y establecerá nuevos mecanismos de financiamiento para estos.
En contraste, Morena, PT, PVEM y MC, que sumaron 77 votos a favor en el Senado, defendieron la reforma como un paso hacia la inclusión digital y la soberanía tecnológica.
El senador Javier Corral, de Morena, destacó que la ley incorporó 70 modificaciones tras diálogos con concesionarios y expertos, eliminando el artículo 109 que permitía bloquear plataformas digitales.
Además, aclaró que disposiciones como la geolocalización, regulada desde 2014, requieren mandato judicial.
La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, negaron que la ley busque censurar o espiar, enfatizando que protege derechos de las audiencias y promueve la igualdad de género en contenidos.
La ley también establece descuentos en el pago de espectro a operadores que desplieguen infraestructura en zonas sin acceso, y regula tarifas mediante la CRT.
El proyecto crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica y operativa, integrado por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
La CRT asumirá funciones como la autorización de concesiones, mientras la Comisión Nacional Antimonopolio, adscrita a la Secretaría de Economía, vigilará la regulación asimétrica.
Las atribuciones del extinto IFT se redistribuyen entre estas entidades, con la ATDT encargada de formular políticas públicas.
Durante su discusión en el Senado el 30 de junio, el pleno aprobó dos reservas; la primera, presentada por el senador Ricardo Sheffield (Morena), la cual establece que la Comisión regule los costos de los celulares por parte de proveedores; mientras que la segunda, del senador Javier Corral Jurado (Morena), se refiere a la ordenanza de la suspensión precautoria de transmisiones que se encuentren previstas en la ley.
Además se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones contará con recursos financieros en el fideicomiso de infraestructura para el pago de indemnizaciones y finiquitos
Al respecto, la nueva normativa establece que las líneas de telefonía móvil deberán estar asociadas a un usuario final y que los servicios de telecomunicación móvil sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP). (MCJ)