Existe una enorme diferencia entre la formación política e ideológica entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador poblano Alejandro Armenta Mier.
Sheinbaum se formó en el movimiento universitario de la UNAM, en la academia y las filas de la izquierda en la lucha por mayores libertades democráticas.
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Armenta es un burócrata del sistema, de cuna priista neoliberal del viejo régimen autoritario del PRI. Sus progenitores “políticos” son Mario Marín Torres y Enrique Peña Nieto.
Una de las grandes diferencias respecto a las libertades entre ambos gobernantes se observa en las respectivas iniciativas de reforma relacionadas a la libertad de expresión.
El equipo especializado del gobierno federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para regular la “publicidad extranjera”, a raíz de la publicación del mensaje del gobierno de Estados Unidos en medios nacionales para inhibir el flujo migratorio.
La propuesta legislativa -que necesariamente pasó por el visto bueno de la presidenta- la aprovecharon los asesores presidenciales para imponer la censura y la facultad de retirar plataformas digitales, iniciativa bautizada como “ley censura”.
La reforma facultaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a determinar los procedimientos, parámetros o estándares para realizar censurar plataformas digitales, lo que suscitó preocupaciones sobre la libertad de expresión y la censura.
Generada la controversia nacional, el Gobierno de la República eliminó esa disposición contenida en el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La reforma permitiría al gobierno federal bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin control judicial, pero por fortuna fue retirada.
Adicionalmente le dieron entrada a un conversatorio antes de la aprobación de la enmienda, como parte de una reforma más amplia que busca garantizar la conectividad universal y abordar la brecha digital.
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La rectificación corresponde a un gobierno, como el encabezado por Claudia Sheinbaum, identificado con los principios garantes de las libertades democráticas, entre éstas, de la libre expresión, reivindicando las posturas de la llamada izquierda histórica.
En Puebla, con el gobierno encabezado por Alejandro Armenta, con profundas raíces de formación del viejo régimen autoritario del PRI – al igual que la mayoría de los funcionarios, secretarios del gabinete y jefes de las oficinas de prensa- impuso vía fast track la “ley censura”.
Dominado el Congreso del Estado con priistas como él, lideradas por Laura Artemisa García Chávez, utilizaron la necesaria penalización de ciberdelitos para incluir el artículo 480 para criminalizar la libertad de expresión, principalmente para acallar a los periodistas.
Sin parlamento abierto para realizar foros de consulta a los sectores de la sociedad, el gobierno impuso una ley censura, y el mismo día de su aprobación, fue publicada la reforma al Código Penal en la edición vespertina del Periódico Oficial del Estado, mediante el decreto:
“Artículo 480 Comete el delito de ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima”.
A hurtadillas, el gobierno estatal legisló una “ley censura”, sin que la oficina presidencial o la Secretaría de Gobernación federal se percataran del desacato a una postura presidencial.
La reforma al Código Penal del Estado, que en su artículo 480 contravenía la instrucción presidencial de retirar la enmienda similar en el articulo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, develó la pugna interna en el oficialismo.
El autoritarismo del viejo PRI gana más terreno y rebasa a Sheinbaum
Ligado a otro priista, Ricardo Monreal Ávila –a quien le debe la gubernatura porque fue parte de la negociación en 2024 en Morena- las lealtades de Armenta Mier, está claro, no están con la inquilina del Palacio Nacional.
No es posible que sea en una conferencia de prensa matutina de la titular del Ejecutivo federal que tenga que responder a los casos de “ley censura” en los estados de Puebla y Campeche.
La alerta respecto a acotar o penalizar la libertad de expresión en los estados es un tema de oficio de la Segob, pero no ocurre cuando la encargada de la política interna del país, Rosa Icela Rodríguez Velázquez le cuida más las espaldas a AMLO que Sheinbaum.
Están por encima de la presidenta los rasgos autoritarios de priistas de cepa como lo son los gobernadores de Puebla y Campeche, Alejandro Armenta Mier y Layda Sansores San Román, respectivamente.
Se trata de incondicionales a los dictados de López Obrador, no solo en relación con la libertad de expresión, sino a otras decisiones presidenciales de Claudia Sheimbaum.
Esos mismos bloques de priistas de la línea dura aliados de AMLO que le impidieron hacer una mejor planeación de la elección judicial, así como impedirle aplicar en 2027 la no reelección y acotar el nepotismo político.
El bloque para contener a Claudia Sheinbaum no solo está liderado por los coordinadores de las Cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, sino por el sindicato de gobernadores de Morena, entre ellos el de Puebla, al servicio de AMLO.
El gobernador Armenta emprendió una reforma al Código Penal para criminalizar con el artículo 480 de ciberasedio la libertad de expresión, con pleno conocimiento de que la presidenta Claudia Sheinbaum había retirado el controversial contenido del artículo 109 de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
Se trata de un abierto desafío a la postura presidencial, un acto de rebeldía de los gobernadores de Morena en Puebla y Campeche, que hicieron caso omiso a la eliminación de cualquier “ley de censura” a la libertad de expresión en México.
Los dos mandatarios estatales, al igual que otros, coordinadores parlamentarios, secretarios del gabinete y la cúpula del partido oficial, se identifican más con el pensamiento autoritario de AMLO, que a favor de las libertades democráticas de Claudia Sheinbaum.
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