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A pesar del fallo a su favor, la situación legal de la conductora y su esposo sigue en un punto crítico
Foto: IG inesgomezmont
Un juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga.
La decisión responde a un amparo promovido por su defensa, el cual fue ratificado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Con este fallo, la pareja quedó fuera de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, medida aplicada en 2021 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) los vinculó a una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El tribunal determinó que los recursos de revisión presentados por la UIF carecían de fundamento.
El desbloqueo de sus cuentas no implica la cancelación de los procesos penales en su contra. La FGR mantiene abiertas las indagatorias por el presunto desvío de más de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas fachada y contratos con la Secretaría de Gobernación entre 2016 y 2017. Ambos continúan prófugos desde que se giraron órdenes de aprehensión en su contra.
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En septiembre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para su localización internacional. Hasta el momento, se desconoce su paradero, aunque fuentes cercanas han mencionado que podrían estar en Estados Unidos o Centroamérica. En redes sociales, Gómez Mont ha negado los cargos y ha asegurado que se trata de un abuso de autoridad.
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas impide el acceso a servicios financieros y la disposición de recursos. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta medida busca prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas. No obstante, el tribunal consideró que la UIF no presentó pruebas suficientes para sostener el bloqueo.
A pesar del fallo a su favor, la situación legal de la pareja sigue en un punto crítico. En 2023, un juez federal giró una nueva orden de aprehensión en su contra, lo que refuerza la posibilidad de una eventual extradición en caso de ser localizados. La FGR continúa integrando pruebas para sostener los cargos. (LV)