Roberto Ruíz Esparza Oruño, Eukid Castañón Herrera y Jesús Giles Carmona, son algunos de los diez ex funcionarios morenovallistas que durante la actual gestión estatal de Miguel Barbosa Huerta han sido llevados ante la justicia por diversos delitos presuntamente cometidos durante los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.


Hay además una larga lista de políticos que en algún momento han sido señalados públicamente por el gobernador Miguel Barbosa de haber cometido actos de corrupción pero que luego de dos años de gobierno continúan libres o sin ser procesados penalmente.

El IEDEP y los títulos patito

Tres de los políticos morenovallistas que integran esta lista fueron procesados por irregularidades detectadas en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), durante la gestión de Antonio Gali Fayad.

El caso más reciente es el de Roberto Ruíz Esparza Oruño, ex futbolista del Puebla y titular del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud en el periodo de Gali Fayad, quien enfrenta un proceso por uso de documento falso en relación con el título de licenciado en Derecho que le otorgó el IEDEP.

Ruíz Esparza acudió ayer, de manera voluntaria, a la Casa de Justicia de la 11 Sur, donde el agente del Ministerio Público le imputó el delito de uso de documento falso pero seguirá el proceso en libertad y el próximo domingo se determinará si hay elementos para vincularlo a proceso.
 

En este mismo caso está quien fuera director del IEDEP cuando fueron emitidos estos títulos, Milthon Javier Fregoso Escalera, quien fue detenido el 2 de octubre por un proceso penal por falsificación de documentos, en la carpeta de investigación 620/2019/ANTICORRUPCION.

El 3 de octubre se celebró la audiencia inicial en donde el agente del Ministerio Público le imputó el delito de falsificación de documentos. Posteriormente, el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Hay que recordar que el primero en caer por este caso fue Jesús Christian Giles Carmona, acusado del delito de uso de documento falso, para acreditar la supuesta conclusión de sus estudios de nivel licenciatura en Derecho.

El 20 de agosto de 2020 se presentó de forma voluntaria a una audiencia donde se le vinculó a proceso y se le impuso la suspensión temporal de su título profesional del 17 de agosto de 2015 y de su cédula profesional, además se le exigió una firma periódica para seguir el proceso fuera de la cárcel.

Estos tres personajes forman parte de una lista de 26 políticos y ex funcionarios morenovallistas que obtuvieron algún título de grado, presuntamente de forma irregular, a través del IEDEP, entre los cuales destacan nombres como el del ex secretario de Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Álvarez o la presidenta municipal electa de San Pedro Cholula, Paola Angón Silva, quienes hasta ahora no han sido procesados.

El ex presidente de San Andrés Cholula

Leoncio Paisano Arias es otro de los políticos ligados al morenovallismo que se encuentra en la cárcel tras ser procesado por diversos ilícitos, generados a partir de la entrada de Karina Pérez Popoca al gobierno municipal de San Andrés Cholula.

Leoncio Paisano fue detenido inicialmente el 13 de abril de 2021 mediante una orden de aprehensión girada por el delito de abuso de autoridad, aunque posteriormente el agente del Ministerio Público agregó a la carpeta administrativa el delito de peculado.

El 19 de abril fue vinculado a proceso y enviado al penal de San Miguel ya que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. El 29 de septiembre un amparo le dio libertad momentánea pues al salir del penal fue reaprehendido, ahora acusado de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, bajo una causa penal distinta.

La madrugada del 30 de septiembre, una juez de control dictó auto de vinculación a proceso para Leoncio Paisano Arias, acusado de abuso de autoridad y ordenó mantener la medida cautelar de prisión preventiva necesaria contra el ex funcionario.

Eukid y la Estructura Maya

El 18 de marzo el ex diputado local y federal Eukid Castañón Herrera, considerado el principal operador político de Rafael Moreno Valle, fue detenido en su casa de la zona de la vía Atlixcáyotl, acusado del delito de extorsión contra dos abogados.

Castañón Herrera fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en una tercera causa penal, por amenazas en contra de una regidora del municipio de Atlixco.

En su momento, la Fiscalía General del Estado efectuó varios cateos en propiedades de Castañón Herrera a quien además se le vinculó con la operación de una red de espionaje para vigilar y amedrentar a los detractores de Rafael Moreno Valle cuando era gobernador de Puebla.

Castañón Herrera actualmente se encuentra preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, a donde fue reubicado tras varias quejas en las que aseguraba que su vida estaba en riesgo dentro del penal de San Miguel.

El caso de Eukid Castañón no se ha quedado únicamente en los señalamientos que hasta el momento le ha imputado la Fiscalía General del Estado, pues existe una investigación abierta por la llamada “Estructura Maya”.

Esta investigación por desvío de recursos, según la Auditoría Superior del Estado (ASE) involucra el desvío de 400 millones de pesos a través de contratos de  empresas como empresas Laboratorio de Ingeniería SA de CV y Geotécnica y Desarrollo de Infraestructura, con los gobiernos estatales en los años 2011-2017 y 2017-2018.
 

La investigación implica directamente a Eduardo Tovilla Lara, exsecretario de Finanzas del exgobernador Rafael Moreno Valle; a Francisco Javier Medina, ex dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tehuacán, y a Sergio Gómez Olivier, ex diputado local por Tehuacán, del mismo partido político.

Según lo expuesto públicamente por la ASE y el gobierno del estado, son por lo menos 64 los ex funcionarios morenovallistas que participaron en la estructura financiera mediante la cual, presuntamente, Eukid Castañón operó para obtener recursos para financiar elecciones a favor de su grupo político.

A pesar de los señalamientos públicos, a la fecha no se ha iniciado el proceso penal contra Tovilla Lara o Castañón Herrera, quien sí está preso a diferencia de sus presuntos cómplices.

Preso por sobrecostos de la SEP

Óscar Chapa Palomeque, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla desde el gobierno de Antonio Gali Fayad y hasta el interinato del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, fue detenido el 2 de julio de 2020 por haber autorizado la adquisición con sobrecosto de uniformes escolares.

Chapa Palomeque fue imputado y procesado por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, derivados de la compra de uniformes y zapatos escolares para el ciclo escolar 2019-2020, según denunció en su momento Melitón Lozano Pérez, actual secretario de Educación Pública.

El funcionario morenovallista fue ingresado al penal de San Miguel, en donde estuvo hasta la madrugada del 3 de mayo pasado, cuando fue trasladado al Hospital General del Sur, en donde finalmente murió.

La versión oficial de la Fiscalía General del Estado fue que murió por una afección cardíaca congénita pero sus familiares acusaron que Chapa Palomeque fue sacado del penal severamente golpeado, por lo que exigieron que su muerte fuera investigada como un homicidio.

Albizuri y el enriquecimiento ilícito

En 2020, el gobernador Miguel Barbosa confirmó que su administración realizaba una investigación para presentar denuncias contra Xabier Albizuri Morett, quien fuera secretario de Infraestructura con el ex gobernador Antonio Gali Fayad, por un supuesto enriquecimiento ilícito.

A pesar de que ha pasado más de un año de las declaraciones de Barbosa Huerta, la Fiscalía no ha ejercido acción penal contra Albizuri pero sí contra sus allegados, como es el caso de Alfonso Siriako Guillén Almaguer.

El que fuera magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla, fue detenido el 14 de mayo de 2021 por los delitos de abuso de autoridad, fraude, asociación delictuosa, peculado y tráfico de influencias, derivados de un proceso por la construcción del Centro Expositor.

En la denuncia se señaló que cuando formó parte de la Secretaría de Infraestructura, autorizó el pago del finiquito por los trabajos en la construcción del Centro Expositor y en el Centro de Convenciones, a empresarios distintos a los que obtuvieron originalmente el contrato.

En el expediente se señaló que la obra se adjudicó a la empresa Instalaciones Inmobiliarias Poblanas SA de CV, pero el finiquito de 107 millones de pesos se pagó a otros empresarios, en este caso a Eduardo Liceaga García, José Antonio Hernández González y José Alberto Vázquez Matamoros.

Jorge Cruz:  desvíos en el Capcee

Otro gran prófugo, como Xabier Albizuri, es Jorge Benito Cruz Bermúdez, de quien el gobernador Miguel Barbosa reveló- el pasado 29 de enero- que presentó una denuncia en su contra por el presunto desvío de 300 millones de pesos cuando estuvo al frente del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

Aunque la Fiscalía no ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión contra Cruz Bermúdez, éste tuvo que renunciar a su cargo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que había asumido el 31 de agosto de 2018 durante la gestión de Antonio Gali Fayad.

Como muestra de las investigaciones que se realizan por las irregularidades en el Capcee, la Fiscalía detuvo en julio pasado a José Guadalupe Huchim Aguilar, encargado de la Dirección Administrativa, y a Antonio Velasco Arguello, director Jurídico, ambos del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Los ex funcionarios fueron procesados por irregularidades en los contratos para la construcción del Tren Turístico Puebla-Cholula, donde participaron en la firma de contratos, para lo cual no tenían facultades. Ambos ex funcionarios continúan su proceso fuera de prisión e incluso Antonio Velasco Arguello aún trabaja en la Fiscalía General del Estado.

La cacería de los notarios

Aunque uno de los objetivos del gobernador Miguel Barbosa Huerta ha sido el gremio notarial y su control a través de una nueva ley del notariado, así como a la revocación de patentes presuntamente irregulares, destaca el proceso penal que se inició contra un personaje de este grupo.

Se trata de Sergio Penagos García, quien durante el morenovallismo fue Procurador Fiscal del Gobierno del Estado de Puebla, y que el 9 de septiembre de 2020 fue vinculado a proceso por uso de documento falso.

La Fiscalía informó en su momento que en enero de 2017, el político oriundo de Veracruz presentó en la entonces Dirección General de Archivos y Notarías del Estado de Puebla una constancia de prácticas notariales, presuntamente apócrifa, situación de la que tomó conocimiento la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

La dependencia constató que Penagos nunca realizó las prácticas notariales asentadas en la constancia que usó para obtener la patente de aspirante al ejercicio de notariado y que le permitió obtener la titularidad de la Notaría Pública número 9 en el Distrito Judicial de Cholula.

Penagos García quedó sujeto a proceso bajo arraigo domiciliario, además de que se le ordenó exhibir una garantía económica de 20 mil pesos, y otras medidas cautelares para poder seguir su proceso fuera de prisión.

Alfonso Esparza, otro gran enemigo

En diciembre de 2019 se confirmó la enemistad entre el gobernador del estado y el ahora ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, quien fue relacionado estrechamente con las administraciones estatales de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

A finales del 2019, la Auditoría Superior del Estado intentó auditar el Ejercicio Fiscal que estaba en curso, situación que fue tomada por los directivos de la BUAP como una afrenta que terminó por marcar una división política en la que el gobernador Miguel Barbosa que acusó de corrupción y desvío de recursos al ex rector.
 

Esparza Ortiz argumentó que las acciones del gobierno eran un intento de violar la autonomía universitaria, mientras que el gobernador reiteró que el tema no era contra la autonomía sino contra la corrupción.

Ahora que Alfonso Esparza dejó el cargo en la máxima casa de estudios del estado, el gobernador ha reiterado que se debe  investigar cualquier acto de corrupción, además de que ha retomado los actos políticos con la BUAP tras el triunfo de la rectora Lilia Cedillo.