La diputada federal poblana de Morena, Julieta Vences Valencia, exigió a las 32 fiscalías y procuradurías de los estados a evitar la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. 

De igual forma, demandó, revisar las carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto para que se analice su desechamiento y archivo.

En México, según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), actualmente se encuentran 432 carpetas de investigación registradas en 27 estados este año. 

Pese a que el 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto, la legisladora poblana reconoció que falta mucho trabajo por realizar en todo el país, ya que la mayoría de los congresos estatales penaliza la interrupción del embarazo. 

Mencionó que, dependiendo de la entidad, existen ciertas circunstancias llamadas “causales de no punibilidad”, con las que se exime de este delito, como en casos de violación.

Aborto legal en 4 estados 

Vences Valencia recordó que sólo 4 entidades autorizan el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación: Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Veracruz e Hidalgo (2021). 

Otras causales vigentes para interrumpir legalmente un embarazo son violación (en todo el país), aborto imprudencial o culposo (en 29 estados), peligro de muerte para la madre (24), riesgos para su salud (16), alteraciones graves en el producto (16), inseminación artificial no consentida (15) y motivos económicos (2).

De los 32 estados del país, indicó, solo Chiapas, Michoacán y Veracruz no imponen prisión por interrumpir el embarazo. 

Vences Valencia afirmó que la  criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que tienen embarazos no deseados y deben enfrentar el riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley o enfrentar maltratos por parte del personal de salud al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal.

Por ello, urgió que las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguren el libre desarrollo de las mujeres y eviten la criminalización por ejercer sus derechos sexuales, por lo que resulta necesario analizar los casos de las personas acusadas por el delito de aborto en todas las entidades del país. 

El 8 de septiembre del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto.