El tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano comenzó la primera audiencia del proceso que sienta en el banquillo por primera vez a un cardenal. Angelo Becciu, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, está acusado por corrupción relacionada con inversiones inmobiliarias.

Junto con Becciu también están imputadas nueve personas que enfrentan acusaciones por malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder durante la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres, en un escándalo que ha generado un agujero de millones de euros en las cuentas vaticanas.

En la primera sesión del juicio, el juez antimafia italiano Giuseppe Pignatone, presidente de la sala, accedió a la demanda de la defensa de tener más tiempo y aplazó la siguiente sesión al 5 de octubre.

El tribunal tendrá la tarea de determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios o si se trató de un sistema de corrupción interna liderado por jerarcas de la iglesia católica.

En 2019, la prensa italiana publicó que algunos funcionarios del Vaticano habían sido suspendidos tras detectarse «graves indicios» de corrupción en un caso de inversiones inmobiliarias.

Se desató un escándalo que se remonta a 2013, cuando la Secretaría de Estado compró un edificio en Londres y destinó fondos del Óbolo de San Pedro, institución que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas y su actividad.

La adquisición de ese edificio, a un precio mayor de su valor real, fue realizada a través de paquetes financieros altamente especulativos, por medio de dos empresarios italianos residentes en Londres.

En 2013-2014, la Secretaría de Estado pidió prestados más de 200 millones de dólares (la mayoría al Credit Suisse) para invertir en el fondo luxemburgués “Athena” del empresario ítalo-suizo residente en Londres, Raffaele Mincione.

En ese momento, Becciu era el responsable de dichas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales, puesto que dejó en 2018 tras ser designado por el papa Francisco prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos hasta septiembre de 2020.

Becciu siempre ha negado las acusaciones y en septiembre de 2020 presentó su renuncia como prefecto de la Congregación vaticana, decisión que no tomó de forma voluntaria, sino a petición del pontífice argentino, tal y como contó él mismo.

El caso representa un reto para el papa Francisco, ya que revela el descontrol en las finanzas vaticanas, por lo que tuvo que iniciar una reforma interna, pues este hecho saca a la luz los privilegios de varias entidades vaticanas.

El uso imprudente de parte del dinero para los pobres que cada año donan las iglesias de todo el mundo para las obras de caridad del papa, también contribuyó al escándalo.

Entre los diez acusados, la mitad estaba al servicio del papa Francisco durante la controvertida compra, realizada en dos fases, de un lujoso edificio de 17 mil m2 en el elegante distrito londinense de Chelsea, del que el Papa ha pedido desprenderse rápidamente.