En Puebla, el costo promedio de la corrupción por ciudadano es de 5 mil 300 pesos, reporta el libro Anatomía de la Corrupción en Puebla, de Alejandro Guillén Reyes. El análisis, con datos de referencia del INEGI, señala que en total 210 mil 379 poblanos experimentaron algún acto de corrupción en al menos un trámite que realizaron.

“Desde el punto de vista económico, sean víctimas o cómplices en hechos de corrupción, los ciudadanos tienen pérdidas millonarias”, compartió el autor.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, se estima que a nivel nacional la corrupción en pagos, trámites, solicitudes de servicios y otros contactos con autoridades le ha costado al país 12 mil 769 millones 716 mil 766 pesos, con un costo promedio de 3 mil 822 pesos por persona.

Los policías, partidos políticos, diputados y senadores; ministerios públicos, gobiernos municipales, jueces y magistrados, así como los gobiernos estatales, son las instituciones del Estado que se encuentran en un rango de percepción de frecuencia de corrupción que va de 91.3 por ciento a 75.5 por ciento.

Adicionalmente, informó que Puebla tiene mayores índices de corrupción y al mismo tiempo posee un menor PIB per cápita y mayores índices de pobreza y pobreza extrema.

La “mordida” no ha dejado de ser recurrente y tampoco ha avanzado en cuanto al combate de otros delitos que se relacionan con la corrupción a “gran escala” o con la “corrupción política”, agregó.

Además, la entidad destaca entre los 10 estados con mayor corrupción, tanto en percepción y tasa de prevalencia.

La tasa de prevalencia, de experiencias de corrupción, Puebla tiene el lugar 23, en tanto, la percepción de frecuencia está en el lugar 24 de 32 posiciones. La corrupción es el segundo problema que preocupa a los poblanos con 41 por ciento.

“En materia educativa, encontramos que no a todos los estados con las mejores calificaciones en las pruebas PLANEA (que evalúa matemáticas y lenguaje y comunicación) corresponden menores porcentajes de percepción o menores tasas de experiencias de hechos de corrupción”, añade el libro.

No hay transparencia

Alejandro Guillén Reyes, refirió que Puebla ocupa el lugar 30 en acceso a la información desde la perspectiva gubernamental y el último lugar en acceso a la información desde la perspectiva ciudadana con calificaciones de 0.73 y 0.48, respectivamente.

Las evaluaciones están por debajo de la media nacional y de las calificaciones del gobierno federal que son de 0.87 desde la perspectiva gubernamental y 0.68 desde la perspectiva ciudadana.

También desde la perspectiva ciudadana, Puebla se encuentra entre los estados con las menores calificaciones en cuanto a la transparencia proactiva. Con 0.47 de calificación, Puebla se encuentra en el lugar 26 de 32 entidades de la República, lejos de la calificación del gobierno federal que es de 0.75.

“Con todo lo anterior se confirma que el estado de Puebla, aunque tenga buenas calificaciones por sus leyes de transparencia, aunque tenga buenas notas en transparencia activa, que tiene relación con información que por obligación un gobierno debe publicar y en datos abiertos, es decir, existencia y calidad de la información publicada, no necesariamente genera una menor percepción de corrupción o la disminuye. Tampoco existe un mejor acceso a la información por parte de los ciudadanos, ni las autoridades practican la transparencia proactiva publicando información útil sin que la ley les obligue”.

En la presentación de la obra, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que cada día crece más la desconfianza en las instituciones por la falta de rendición de cuentas.

También dijo que la transparencia ha venido sufriendo en estos últimos tres años, pues cada vez es más limitada y manejable la información pública.

“En Puebla y todos los estados, la transparencia está a la baja, hay un grave retroceso”, dijo.

Sistema Anticorrupción no incide para combatir el problema: Amparo Casar

La presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar señaló que se tiene que fortalecer la inteligencia de las instituciones a cargo de combatir la corrupción pues solo no funciona, sino que en ocasiones se utilizan con fines políticos.

“Me da mucho pudor decirlo, pero vamos a revisar el sistema anticorrupción, que no ha logrado incidir en la disminución del problema”, dijo.

Dio a conocer que, aunque las autoridades promueven el “voluntarismo”, no todas colaboran para combatirlo, incluso, si estuvieran en mano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se cancelaría por decreto.

También dijo que el problema, en el que se enfrentan todas las entidades, viene del diseño de las leyes de la plataforma, que se fueron descubriendo en el proceso.

No obstante, dijo que las organizaciones civiles, los periodistas y académicos pueden trabajar juntos por mejorar la transparencia y disminuir la corrupción.

Alejandro Guillén Reyes explicó que en el caso de Puebla hay un conflicto entre el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y el gobierno del estado, provocado por este último a través de la Secretaría de la Función Pública en 2020.

“El funcionamiento del Sistema se atrofió, generando pérdidas de recursos y tiempo”, finalizó.