Cerca del 85% de los mexicanos carecen de una oportunidad o algún tipo de crédito para adquirir una vivienda digna y como consecuencia, viven en espacios compartidos con otras familias, lo que provoca que se dé un hacinamiento importante en asentamientos irregulares.

Contar con una vivienda digna no es sólo un tema de seguridad social sino de derechos humanos, ya que está considerando este asunto en las cartas de la Organización de las Naciones Unidas, en la Agenda 2030, es decir, es un derecho humano básico.

Así lo subrayó el secretario académico del Decanato de Artes y Humanidades de la UPAEP, Jorge Rosete Espinosa.

El también catedrático de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP señaló que la actual política de vivienda se basa principalmente en la planeación urbana, pero al priorizar el mercado inmobiliario, la planeación se ha vuelto discrecional, ya que no hay una visión de largo plazo el mercado es el que controla el crecimiento de las manchas urbanas y este control que tenía el gobierno en su momento con los instrumentos de planeación legales para tal fin, se han diluido, ya que ahora es la iniciativa privada la que determina en donde se generan los desarrollos inmobiliarios, y muchos de ellos son a las afueras de la ciudad.

Por lo tanto, advirtió que a lo largo de los años y por la cantidad masiva de construcción de viviendas en el país, se ha reducido el tamaño de las casas, que iba de los 90 metros cuadrados -como mínimo- en los años 70, hasta los 36 o 40 metros cuadrados actualmente, lo que se conoce hoy como un “pie de casa”, en donde la calidad espacial no es adecuada y la convivencia familiar es complicada.

Y dentro de estos cambios están también los cambios demográficos en el país y del crecimiento de adultos mayores en México, por lo que es importante cambiar los modelos de diseño de las viviendas para dar atención a este mercado; así como la migración interna y cambios de residencia de las personas y los programas de apoyo que hay hasta el momento para poder adquirir una vivienda nueva.

Apuntó que el mercado de la vivienda, institucional o particular, está orientado al trabajador formal, y todos aquellos que no están inscritos a un modelo en donde tenga que hacer sus pagos de compromiso social, no puedan tener acceso a la compra de este tipo de viviendas, y alrededor del 85% de los mexicanos se encuentra por debajo de los ingresos mínimos necesarios o simplemente no tiene acceso a estos medios de comprobación de ingresos para poder ser aspirante a una vivienda digna.

Lamentó que este 85% de mexicanos que carecen de una oportunidad para adquirir una vivienda, lo tenga que hacer en espacios compartidos, lo que está provocando hacinamiento entre las familias, es decir, “dos o tres familias suelen ocupar el mismo espacio para vivir, dándose principalmente en asentamientos irregulares”.