El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó al ayuntamiento de la capital acatar su sentencia previa y pagar a los regidores los 17 mil 200 pesos de compensación mensual.

En sesión pública virtual este miércoles se denunció que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco no ha cumplido con el pago a dos regidores.

Se trata de Roberto Eli Esponda Islas y Marta Teresa Ornelas Guerrero (ambos de Morena), que desde el año pasado han tenido una postura opositora a la alcaldesa.

Por unanimidad los magistrados declararon fundados sus agravios al demostrar que no han recibido las compensaciones desde agosto.

Al resolver su juicio TEEP-JDC-032/2020 se recordó que apenas en octubre se ordenó al ayuntamiento cesar la retención de recursos, ya que previamente el Cabildo aprobó donar el dinero a comerciantes afectados por la pandemia.

Cómo el TEEP concluyó que las compensaciones son irrenunciables y no había motivos para continuar con la retención, este día se ordenó acatar ese fallo y entregar los recursos a los que tienen derecho los quejosos.

En otro asunto el TEEP confirmó las medidas cautelares que el Instituto Electoral del Estado (IEE) concedió a Yasmín Hernández, quien laboraba en la Coordinación de Proyectos Estratégicos del ayuntamiento de Puebla.

La funcionaria denunció al ayuntamiento de violencia política tras ser destituida en medio de su periodo de incapacidad a causa de un accidente automovilístico.

Mientras se determina si el gobierno de Rivera Vivanco incurrió en violencia política, el TEEP dejó firmes las medidas cautelares, consistentes en ordenar que el municipio evite despidos en situaciones similares.

Ordenan a Morena admitir quejas

El TEEP también ordenó a Morena admitir las quejas de Mario Bracamonte González, Eduardo Carreño Ortiz e Isabel Lugo Chávez, quienes combaten sus destituciones como delegados de la presidencia, la Secretaría de Organización y la Secretaría de Finanzas, respectivamente.

Los tres denunciaron que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) rechazó sus impugnaciones con el argumento de que no eran militantes y tramitaron sus quejas fuera del plazo legal.

El tribunal determinó que los recursos se interpusieron a tiempo, además de que los quejosos sí son militantes, así que ordenó a la CNHJ admitir sus juicios y resolver si confirma o revoca las destituciones.