El TEEP ordenó desechar las quejas contra el diputado local sin partido Héctor Alonso Granados, tras concluir que no se pueden sancionar las expresiones que un diputado emite en un debate parlamentario.

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) dio por improcedentes las denuncias interpuestas por la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla (del PES), quien acusó violencia política de género.

En el acuerdo plenario TEEP-AE-002/2020 emitido en sesión privada el 18 de septiembre, los magistrados ordenaron al Instituto Electoral del Estado (IEE) desechar las dos quejas de la legisladora y declarar concluido el caso.

Con ello se eliminarán también las medidas cautelares impuestas al diputado, que consistían en “abstenerse” de agredir verbalmente a alguna compañera, bajo la advertencia de que si lo hacía sería separado del cargo de manera provisional mientras se resolvían las denuncias.

Por unanimidad el TEEP determinó cerrar el caso sin entrar al fondo del asunto, es decir, revisar si el legislador del distrito 19 de Puebla incurrió o no en violencia política.

Esto tras resolver que no se pueden sancionar los dichos del legislador porque se encuentran protegidos por la inmunidad parlamentaria que otorgan la Constitución del país y la Constitución del estado.

Ambos ordenamientos coinciden en que “son inviolables” las opiniones que expresen los legisladores en el ejercicio de su encargo y no pueden ser reconvenidos por alguno de sus dichos.

Sancionar iría contra la ley

Los tres magistrados emitieron un voto razonado en el que expusieron que “no es constitucional y legalmente posible” resolver si Alonso Granados ejerció violencia política contra Merino Escamilla.

Precisaron que el asunto es materia del derecho parlamentario en el que no pueden intervenir los órganos electorales o jurisdiccionales.

Incluso advirtió que intervenir en el caso “atentaría contra el estado de derecho, corriendo el riesgo de violentar el orden jurídico mexicano y poblano”. 

Si bien el Congreso local aprobó recientemente reformas sobre la violencia política, el TEEP precisó que son inaplicables para la resolución de este caso.

Por todo lo anterior el tribunal únicamente sugirió al poder Legislativo modificar sus normas o reglamentos internos para investigar y sancionar la violencia política.

Las denuncias de Merino Escamilla se derivaron de la sesión plenaria del Congreso del 4 de junio, donde Alonso Granados le dijo “cállate tú”, “ya estuvo bueno que estas niñitas me interrumpan” y “al diablo con sus instituciones”, cuando la legisladora advirtió con denunciarlo.

La agresión se debió a que la diputada lo interrumpió porque él no se apegó a la moción que había solicitado, sino que ocupó su intervención para reclamar que una de sus iniciativas fue ignorada por sus compañeros.