Según la Encuesta Nacional sobre Cultura de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019, el 76.5 por ciento de la población está de acuerdo con la posibilidad de realizar la consulta ciudadana para la revocación de mandato.

La encuesta está elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado. En esta se especificó que sólo el 18.6 por ciento dice estar en desacuerdo.

De acuerdo con Israel Palazuelos y su reporte “Revocación de mandato”, la revocación de mandato se inscribe dentro de los regímenes democráticos como una forma directa de participación ciudadana.

Esta, indica la encuesta, es el procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa.

Las razones por lo que esto sucede son principalmente por la pérdida de confianza de la ciudadanía en el mandatario, resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función.

La revocación de mandato existe en México desde el 20 de diciembre de 2019 y con ella se establecería que el presidente de la república, los gobernadores de las entidades federativas y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México podrían ser removidos del cargo.

Para que la revocación de mandato sea válida es necesario que quienes la soliciten entren en un número equivalente a por lo menos 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.