El Comisariado Ejidal de San Andrés Azumiatla, en Puebla capital, aprueba la compra-venta de terrenos y se niega a abandonar el cargo a pesar de que su periodo de tres años venció desde el 28 de mayo.

Ejidatarios de la junta auxiliar denunciaron que el comisariado encabezado por el priista José Pedro Romero Cruz lleva casi tres meses negándose a entregar los sellos y las oficinas a los suplentes, como lo instruyó la Procuraduría Agraria federal.

Bajo el anonimato los inconformes señalaron que los suplentes debieron entrar en funciones el 29 de mayo, pues debido a la pandemia de Covid-19 se retrasaría la elección para elegir a la nueva administración.

En un oficio del 16 de mayo, Dionicia Salgado Neri, visitadora de la procuraduría, señaló que el comisariado en funciones estaba obligado a concluir su gestión, aunque no hubiera uno nuevo, pues así lo marca la Ley Agraria en su artículo 39.

“Si al término del periodo para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros serán sustituidos automáticamente por sus suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios”, establece dicho artículo.

Los quejosos denunciaron que el comisariado se niega a abandonar las oficinas y continúa avalando lotificaciones y compra-ventas, a pesar del periodo caduco, en complicidad con los suplentes y el consejo de vigilancia.

Incluso afirmaron que han aumentado los trámites y son más constantes las mediciones de terrenos para fraccionar, así como el aval para comprar o vender predios.

De acuerdo con los inconformes, a los colonos se cobran entre 500 y mil pesos por trámite, pero a las personas de fuera o compradores de grandes parcelas se les llega a cobrar hasta 15 mil pesos.

Investigan despojo

El presidente del Comisariado Ejidal, José Pedro Romero Cruz, ya es investigado por la Procuraduría Agraria por su presunta complicidad con una inmobiliaria para perpetrar un despojo de tierras.

En marzo fue acusado de intimidar y presionar a ejidatarios para que vendieran muy por debajo del valor justo a una empresa de la que nunca dio el nombre.

Los denunciantes narraron a la procuraduría que a la junta auxiliar llegaron supuestos representantes de la compañía para ofrecer la compra inmediata de parcelas, pero no dieron su nombre ni explicaron los términos de la operación.

Ante el temor de un despojo, los pobladores pidieron la intervención de la procuraduría y se abrió una investigación a Romero Cruz, así como al secretario del Comisariado ejidal, Pedro Romero Caballero y al tesorero, Demetrio Vela Pineda.

El 24 de marzo la procuraduría exigió a los acusados un informe donde respondieran a las acusaciones y presentar pruebas en su defensa dentro de un plazo de 15 días, pero a la fecha se desconocen los avances de las indagatorias. 

Además de esto los inconformes denunciaron que el comisariado arrastra antecedentes de opacidad, por no rendir cuentas a los ejidatarios en asambleas, como marca la ley, pues en toda su administración no convocó a ninguna.

Sin intervención de gobierno estatal

De todo esto tuvo conocimiento la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado solo vía telefónica, pues los ejidatarios se comunicaron en marzo con un delegado del cual ya no recuerdan el nombre.

En la primera llamada el representante del gobierno estatal prometió una reunión con los afectados, pero desde entonces no se ha concretado y no ha habido más comunicación con la Segob.

Romero Cruz es simpatizante del PRI y apoyó al excandidato Alberto Jiménez Merino en su campaña por la gubernatura de Puebla en 2018.