El Congreso de Puebla aprobó con apenas 28 votos las reformas para eliminar el fuero constitucional, luego de una segunda votación, pues en la primera se contaron solo 25 votos y se acusó fraude.

Tras una discusión entre diputados de Juntos Haremos Historia y la oposición, la presidenta de Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia (del PAN), accedió a repetir la votación y se avalaron las modificaciones.

Los 28 votos obtenidos en la sesión virtual de este miércoles representan justamente dos tercios de los 41 legisladores, necesarios para reformar la Constitución Política del estado.

El diputado sin partido Héctor Alonso Granados fue el único que votó en contra, mientras que en abstención votarán los cuatro integrantes del PAN; los cuatro del PRI; los dos del PRD; Carlos Morales Álvarez (de MC) y José Juan Espinosa Torres (del PT).

En la primera votación, donde Rodríguez Della Vecchia afirmó que no se reunió la mayoría calificada, se contaron solo 25 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones.

Con las reformas aprobadas perderán el fuero el gobernador, los diputados locales, el auditor y los magistrados del poder Judicial, así que podrán ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La oposición votó en contra y en abstención bajo el argumento de que el dictamen estaba incompleto, tenía errores, omisiones y representaba un acto de “simulación”.

Esto debido a que la reforma tenía un “candado”, pues se necesitaba el aval del Congreso para que un funcionario fuera juzgado por un delito culposo, es decir, aquellos que se cometen sin intención.

Otra disposición era que aquellos servidores públicos que sí fueran procesados conservarían sus cargos mientras se sometían a juicio.

Solo si eran hallados responsables serían obligados a separarse del cargo, pero incluso podrían volver si la pena de prisión era conmutada, es decir, si era remplazada por un castigo menor.

Corrigen a medias

Solo hasta después del pleito y las dos votaciones en lo general el grupo de Morena, PT y PES accedió a corregir algunos aspectos que la oposición criticó desde la semana antepasada durante la discusión en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Aunque la fracción panista, Espinosa Torres y el diputado sin partido Marcelo García Almaguer propusieron modificaciones similares al dictamen, fueron rechazadas por la mayoría y solo se aceptó la del coordinador de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, a pesar de que sugirió los mismos cambios que la oposición.

Con la modificación, el artículo 126 constitucional establecerá que los funcionarios podrán ser juzgados por cualquier delito, aunque sea culposo, sin que se requiera el aval de los diputados.

Sin embargo, aunque sean procesados no serán separados del cargo, pues esta medida quedó igual, ya que solo hasta que se encuentren responsables perderían el puesto.

Solo serían separados del cargo si un juez dicta prisión preventiva oficiosa, mediante una resolución que tendrá que estar debidamente “fundada y motivada”.

Conservan inmunidad de expresión

A petición de García Almaguer se reformó el 41 constitucional, para precisar que la pérdida del fuero no significa que se eliminará la inmunidad de opinión de la que gozan los diputados.

Aunque el artículo 38 ya señala que los legisladores no pueden ser sancionados por sus declaraciones, su propuesta fue para enfatizar este privilegio.

Por tratarse de modificaciones a la Constitución del estado, para que surtan efecto las reformas aprobadas tendrán que ser ratificadas por al menos la mitad más uno de los 217 Cabildos municipales.