Después de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó al Consorcio Universitario de velar por sus intereses y no por los de la educación, los rectores de la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap) y de la Universidad Anáhuac aseguraron que antes de la aprobación de la Ley de Educación se buscó un diálogo con el Congreso del Estado para evitar que se replicaran errores de la Ley General de Educación, sin embargo las autoridades se negaron.

El primero en fijar su postura fue el rector de la Udlap, Luis Ernesto Derbez Bautista, quien desaprobó el método fast track con el que los diputados avalaron la ley y cuestionó que no quisieran discutirla con los representantes de las instituciones, ya que no sólo es asunto de las universidades privadas sino que se trata del sistema de educación en general, por lo cual aseguró que si lo hubieran hecho podrían ahorrarse los tribunales.
“Sacaron prácticamente la ley en tres días, el Congreso Estatal jamás la quiso discutir con nadie del sector privado y dejemos en claro que esto no es un asunto de universidades, esto es el sistema educativo estatal. Al dar esta definición se puede mal interpretar; no queda claro lo que quiere decir. Esto en sí mismo, en caso de que quisieras llevar a cabo ese tipo de expropiación, es anticonstitucional", dijo en entrevista con Foro TV.

En su artículo 94, la ley estatal refiere que “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Sobre este punto, el Consorcio Universitario -integrado por la BUAP, UDLAP, UPAEP, Ibero, Anáhuac y Madero- cuestionó que los diputados se hayan opuesto a aclarar las dudas de las instituciones y que la redacción de la nueva ley estatal no precise sus alcances, lo que violenta el principio de legalidad, propicie una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, un estado de indefensión.

Este lunes el rector de la Udlap agregó que por parte de las instituciones siempre se ha buscado el diálogo antes del conflicto, por ese motivo recordó que muchos aspectos de la legislación son inconstitucionales y cualquier instancia federal les dará la razón, no obstante pidió al gobernador recapacitar y entablar una mesa de trabajo antes de llegar a instancias legales.
"Cualquier amparo que nosotros presentemos tiene que ser básicamente otorgado y ese pleito o discusión legal la ganaríamos. No tiene sentido estar peleando en juzgados cuando sencillamente con un cambio de redacción se puede resolver ese problema”, precisó.
Aseguró que el hecho de que el gobernador tenga que estar aclarando la ley en cada oportunidad, implica que la misma está sujeta a interpretación, por lo que se hace evidente que la ley no es clara y precisa, por lo cual el posicionamiento del sector privado en la educación es que además se eliminen los artículos 105, 143, 145 y 142 en donde la autoridad se atribuye funciones de otras instancias federales.

Vocero del Consorcio critica ambigüedad
Asimismo, el rector de la Universidad Anáhuac y vocero del Consorcio Universitario, José Mata Temoltzin, indicó que se generó esa mesa de diálogo entre el congreso, la autoridad estatal y los técnicos representantes de las escuelas educativas, pero se hizo cuando ya se había aprobado el dictamen de la propia ley, es decir, que iba a ser muy difícil que parte de lo que se había propuesto en la mesa pudiese incorporarse al mismo dictamen.
En este sentido, precisó que la ley quedó muy mal redactada, muy ambigua y destacó que la principal interrogante es que los partícipes sí tienen que ir a ceder sus inmuebles al gobierno, además de que el tema de las becas es algo que preocupa pues la ley establece que el gobierno decidirá a quien sí y a quien no se le otorgan.
Al existir esta ambigüedad en la ley hay muchos casos que quedan solo al criterio de quien la pueda aplicar. Por eso señaló que lo que más preocupa es la ambigüedad de la ley en relación a si los bienes de las instituciones pasan a formar parte del gobierno estatal.
“Las instituciones educativas no están en contra de ningún gobierno, en realidad están a favor de la certeza jurídica que debe dar cualquier ordenamiento legal del que son sujetos de aplicación de cualquier ley, y en ese aspecto ayer el gobernador aclaró el sentido de uno de los artículos y volvemos a ese punto: tuvo que salir a aclarar el sentido de la ley cuando nosotros lo que estuvimos proponiendo y empujando es que la ley fuese clara y precisa. La autoridad quiere ser la que otorgue distintas becas a los estudiantes, lo cual ya se hace, pero la autoridad quiere decir a quién se le otorga en términos particulares y esto atenta contra la autoridad que tienen las propias instituciones”, señaló.

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