Tras cinco años de recursos legales, 189 ciudadanos que se ampararon contra aumentos en las tarifas de Agua de Puebla para Todos o Concesiones Integrales S.A. de C.V. lograron que se reconociera que los cobros son inconstitucionales.

Así lo dio a conocer este día el abogado Gilberto Montalvo González, quien junto con su equipo de trabajo argumentó que los aumentos observados desde 2014 fueron arbitrarios y para beneficiar una empresa particular.

Para los aumentos no había justificación si se tomaba en consideración el estado de las finanzas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap), y tampoco se tomaron en cuenta las actualizaciones en los salarios mínimos y las tarifas de energía eléctrica.

La determinación del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, implica que las tarifas no son aplicables y orilla a que el Poder Legislativo del estado corrija medidas que han afectado a unos 500 mil usuarios, dijo Montalvo.

Al margen de lo que decida el Congreso, con la presión política que implica esta resolución, promoverán más amparos colectivos pues con cuatro sentencias más se obligaría a los diputados a rectificar.

Aunque con este primer paso se tienen avances el abogado recordó que también está pendiente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva a favor de revocar la concesión por presuntas irregularidades en su asignación.

Sobre las fallas en la administración del agua en Puebla, este lunes también se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la rueda de prensa matutina reconoció que analizan casos aquí, en Cancún y Veracruz.