La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó a un grupo selecto de diputados un avance de la revisión que realiza a la BUAP, en medio de reclamos de legisladores que exigieron respetar la autonomía de la institución.

Tras el desplegado firmado por 43 directores donde reprobaron la fiscalización “preventiva”, el auditor Francisco Romero Serrano convocó a los legisladores a una reunión este miércoles.

La junta comenzó a las 4 de la tarde en las instalaciones de la ASE, pero se extendió hasta las 8 de la noche debido a que los congresistas extendieron varias dudas respecto a la revisión.

El fundamento legal, los recursos auditados, la posible invasión de la autonomía o si la ASE está usurpando funciones fueron algunos de los cuestionamientos que salieron a relucir, de acuerdo con fuentes del Congreso del estado.

A la reunión acudieron las diputadas Olga Lucía Romero Garci Crespo y Mónica Lara Chávez, presidenta y secretaria de la Comisión Inspectora, así como Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Poder Legislativo.

El acuerdo tras salir de la reunión fue no emitir ningún pronunciamiento al respecto sino hasta el lunes, en una rueda de prensa que darán los integrantes de la Inspectora.

Diputados desconocían auditoría

Miembros de la comisión que no fueron convocados a la reunión confiaron a e-consulta que los diputados no autorizaron la auditoría a la BUAP y se enteraron hasta que los medios de comunicación la reportaron.

Sostuvieron que hasta este día Romero Serrano no había proporcionado información al respecto y se desconoce con qué argumento inició la revisión.

Bajo el anonimato alertaron que se incumplió el debido proceso al auditar los recursos antes de concluir el ejercicio fiscal 2019, ya que para esto se requiere una denuncia fundada y motivada en contra del sujeto a revisar, además del aval de la Inspectora para iniciar la fiscalización.

Exigen respeto a la autonomía

La bancada del PAN reprobó la auditoría a la máxima casa de estudios al denunciar que se está violando su autonomía, y calificó el hecho como una persecución política dirigida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Oswaldo Jiménez López señaló en entrevista que el mandatario usa a Romero Serrano como “garrote político” para someter a la institución.

Raymundo Atanacio Luna (del PT) consideró que la ASE está obligada a dar una explicación sobre el tema porque se podría vulnerar la autonomía universitaria con la fiscalización.

Previamente el PRI demandó a Barbosa Huerta y Romero Serrano respetar a la BUAP en la fiscalización, y externó su respaldo a la máxima casa de estudios.

El coordinador parlamentario Javier Casique Zárate advirtió que la centralización del poder pone en riesgo a los órganos autónomos e instituciones que sirven de contrapeso al Ejecutivo, como la ASE y la BUAP.