A fin de que el Congreso recupere la facultad de autorizar las tarifas del servicio del agua potable, el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 4 y 118 de la Ley de Agua del Estado de Puebla.

El proyecto pretende modificar la propuesta que el ex gobernador Rafael Moreno Valle presentó en marzo de 2014 y que permitió a la empresa Concesiones Integrales fijar las tarifas sin aval del poder legislativo y cobrar el servicio de manera mensual a partir del consumo de litros por parte de los usuarios.

Además, la medida que validaron el PAN, PRD, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y PSI, estableció que el pago por el servicio público dependería del uso del agua y de los seis estratos económicos en los que se dividió a la zona metropolitana de la capital.

Plantea que diputados autoricen tarifas

Al exponer el proyecto de reforma, Espinosa Torres precisó que se eliminaría la facultad para que los concesionarios se encarguen de determinar las tarifas, al derogar el párrafo tercero del artículo 118 de la Ley de Agua del Estado de Puebla.

Con la propuesta, la legislación señalaría que “Los prestadores de servicios y los concesionarios estarán facultados para actualizar las tarifas y cuotas aprobadas, con base en el incremento reportado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, utilizando cualquier otro procedimiento que para el efecto determine la Estructura Tarifaria autorizada por el Congreso del Estado.

Para la aplicación de dichas actualizaciones, el acuerdo correspondiente deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

"La moribunda Ley de Agua para el Estado de Puebla ha bloqueado una estrategia a largo plazo acorde con el cuidado de los recursos hídricos, permitiendo su privatización, consagrándola como un negocio jugoso para el morenovallismo y sus secuaces", agregó Espinosa.

El también presidente de la mesa directiva cuestionó que a raíz de la concesión del servicio de agua, se convirtieron 2 mil millones de deuda privada en pública, se ocultó el contrato y el procedimiento de licitación.

A lo que se sumó que la pasada legislatura permitió que la empresa Concesiones Integrales fijara las tarifas de “forma discrecional”, por lo que propone que esta atribución regrese al Congreso, como era antes de 2014.

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