Sociedad
FGE y BUAP no transparentan salarios y bonos, como manda la ley
Las sanciones han sido prorrogadas luego que el Consejo Nacional de Transparencia determinara que las omisiones no serían vinculantes sino hasta el próximo año
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) son los dos únicos organismos autónomos que se resisten a transparentar sus percepciones, como lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
De los seis órganos autónomos, categoría que comparten con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la FGE y la BUAP prefirieron no informar cuánto pagan mensualmente en salarios, bonos y gratificaciones, entre otros apoyos.
El artículo 77 de la mencionada legislación, en su fracción VIII, señala que los sujetos obligados, por recibir recursos públicos, deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales de transparencia y difundir los montos de sus percepciones.
Según la legislación, la remuneración mensual bruta y neta, de manera desglosada, de todos los niveles jerárquicos de los sujetos obligados, en las diferentes formas de contratación, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, deberían estar publicados y actualizados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Por el momento, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia han sido prorrogadas luego que el Consejo Nacional de Transparencia determinara que las omisiones no serían vinculantes sino hasta el próximo año.
Por lo pronto, el acuerdo nacional sólo prevé revisiones. La primera verificación diagnóstica comenzó el pasado 8 de mayo y concluye el 14 de agosto.
En esta revisión los sujetos obligados serán “detectados” para marcarles su “área de oportunidad” y convocarlos a cumplir con la LTAIP e invitarlos a hacer ajustes.
Según el lineamiento, se prevé una segunda revisión del 15 de agosto al último día hábil de 2017, para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en la primera revisión sin que impliquen la sanción económica que originalmente se había planteado.