Política
Congreso estatal no aprobará Ley de Responsabilidades Administrativas
Jorge Aguilar Chedraui considera que, no obstante, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que entra en vigor el 19 de julio, esté incompleto
El Congreso no aprobará la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la cual forma marco jurídico del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), precisó Jorge Aguilar Chedraui.
El aplazamiento en la aprobación del ordenamiento legal -refirió el legislador de PAN- es un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y que se tomó ante el debate que hay al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre la conveniencia de que las entidades cuenten con una regulación propia para sancionar las omisiones de los servidores públicos.
“Hay un acuerdo de corte nacional que se está acabando de deliberar, en el sentido de que en los estados tal vez no sea conveniente que emitan sus propia Ley de Responsabilidades y que la ley que ya se aprobó por parte del Congreso de la Unión actué como una ley general incluyendo a los estados”.
Pese a que el Poder Legislativo no validará la aprobación de la nueva ley, Aguilar Chedraui descartó que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual entra en vigor el 19 de julio, quede incompleto.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado prevé las sanciones para los servidores públicos, los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas, los procedimientos de aplicación y las facultades de las autoridades.
En el cierre de su sexenio, Rafael Moreno Valle envió un paquete de iniciativas que son parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Las leyes de reciente creación que los legisladores validaron en diciembre pasado son la del Sistema Estatal Anticorrupción, la Orgánica del Poder Judicial del Estado, y la de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado.
Además, se hicieron reformas a la Constitución, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Ley Orgánica Municipal, y a la Ley del Consejo de Armonización Contable del Estado.