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Sociedad
Cuestiona CIDH asesinatos y presiones a periodistas en Puebla
En su informe anual indicó que estos casos son ejemplos de violaciones a la seguridad ciudadana y a la libertad de expresión en la entidad
La intimidación y asesinatos de periodistas, además de la opacidad en cifras de homicidios, son ejemplos de violaciones a la seguridad ciudadana y a la libertad de expresión en Puebla, acusó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2016.
En el reporte del organismo internacional que fue presentado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), se advierte que México atraviesa “una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años”.
La situación se tornó alarmante, dice el documento, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón con el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que derivó en la muerte de más de 100 mil personas, 27 mil desapariciones reconocidas por el Estado, dos mil investigaciones de casos de tortura y el desplazamiento de miles de personas.
Asesinatos y agresiones a periodistas destaca la CIDH
En el informe se aborda el asesinato del periodista Aurelio Cabrera Campos ocurrido el 14 de septiembre de 2016, como un caso de violación a la libertad de expresión, cuando conducía su auto en vías del municipio de Huauchinango.
Según se refiere en el documento, las autoridades habrían sido alertadas del hecho mediante una llamada telefónica y, aunque los servicios médicos lo encontraron con vida al llegar al lugar, el comunicador falleció horas después en el nosocomio al que fue trasladado.
Cabrera cubría temas de seguridad pública en el norte de Puebla y los límites con Veracruz. Había trabajado para el diario Voz de la Sierra y recientemente había creado su propio medio, el semanario “El Gráfico de la Sierra”, del cual era director.
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En el reporte también se da cuenta del caso de la periodista Anabel Flores Salazar, cuyo cuerpo fue encontrado el nueve de febrero de 2016 atado de manos y con una bolsa en la cabeza en la autopista Cuacnopalan-Tehuacán.
La comunicadora había sido sustraída de su domicilio el 8 de febrero en la ciudad de Orizaba, Veracruz por hombres armados que llegaron directamente a buscarla en tres camionetas y, tras ubicarla en una de las habitaciones, la subieron por la fuerza a uno de los vehículos y huyeron. Flores Salazar se desempañaba como reportera de hechos policiales para el periódico local El Sol de Orizaba.
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La CIDH recogió también el caso de Paula Carrizosa, periodista de La Jornada de Oriente, quien señaló que fue intimidada por Francisco Trejo, exdirector de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Según cita el organismo, la periodista había sido invitada por Trejo a un evento en el Museo Internacional Barroco (MIB). En el lugar la periodista se encontraba tomando notas por lo cual el funcionario le habría señalado en forma “desafiante y amenazante” que recordara que no podía publicar nada porque se trataba de un evento informal. Diferentes organizaciones denunciaron estos hechos y exigieron se impongan las sanciones del caso.
Se esconden cifras de homicidio
En el caso de las violaciones al derecho de seguridad ciudadana, la Comisión indicó que de acuerdo con el Índice de Paz en México 2016, uno de cada cinco homicidios no es reportado públicamente por las autoridades en 11 entidades del país, entre las que destacan Veracruz, Zacatecas y Puebla, con más opacidad.
La CIDH subrayó que como como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades optaron por aumentar el rol de las Fuerzas Armadasen tareas de seguridad pública, incluyendo el despliegue de operativos conjuntos entre el Ejército y las instituciones de seguridad estatales y municipales, lo que ha derivado en un abuso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos.